Incluye material documental sobre vida institucional del Gobernador Ragone de Salta, actividades de la Asociación Ragone, el Ateneo Ragone y el Movimiento 11 de marzo Ragone x Ragone.
Este texto y el que acompaña la descripción y el relato de las audiencias, se construye a 9 años de transcurrido el mismo. Se parte de una estrategia descriptiva de las intervenciones en el tribunal, a partir de un organizador que es el eje temporal en que transcurrieron las misas. Paralelamente, se introducirán comentarios que evoca la memoria, de los vivido durante el juicio, es decir el año de 2011; y de lo vivido en la época a la que remite el juicio, es decir la década del 70.
El fiscal Azzolín interroga a miembro del movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil.
Respuesta: es el movimiento más antiguo de derechos humanos en Brasil, que existe desde el año 1979.
12:00 Dr. Matías Duarte interroga miembro del movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil
La presente jornada de la Causa Ragone profundiza en dos dimensiones críticas del terrorismo de Estado en Salta: la institucionalización de la inteligencia militar a través de documentos oficiales y la logística operativa utilizada durante el secuestro del exgobernador. El contexto se sitúa en la transición hacia el golpe de 1976 y la posterior dictadura, resaltando la existencia de una "comunidad informativa" donde colaboraban el Ejército, la Marina y la Policía para el seguimiento de "objetivos" políticos. Asimismo, la sesión aborda la tensión procesal generada por el estado de salud de los imputados y la viabilidad de continuar el juicio mediante herramientas tecnológicas como la videoconferencia.
Entre los actores clave mencionados destacan el exgobernador Miguel Ragone, los jefes policiales Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, el exjuez federal Ricardo Lona y el imputado Mulhall, cuya situación de salud motivó un extenso debate médico-legal.
La jornada se articula a través de dos testimonios fundamentales:
Testigo experto/documental (vinculado a la presentación de archivos): Su aporte principal consiste en la identificación y análisis de un documento del Ejército Argentino, fechado en octubre de 1976. Este informe revela la existencia de una lista de 1.115 personas calificadas como "objetivos", evidenciando la coordinación regional para la persecución política y el intercambio de información entre diferentes fuerzas de seguridad. Su testimonio confirma que la represión no fue azarosa, sino un plan sistemático de vigilancia y eliminación.
Testigo presencial (chofer/taxista): Relata cómo fue interceptado por tres jóvenes a las 4 de la mañana, quienes le sustrajeron su vehículo alegando que lo necesitaban para un "operativo". Su contribución es vital para reconstruir la mecánica del secuestro, ya que describe el hallazgo posterior de su auto en la Seccional Primera con abundantes manchas de sangre, lo que ratifica la violencia del ataque sufrido por Ragone y sus acompañantes. Además, su relato expone la pasividad o complicidad judicial, al mencionar la presencia del juez Lona en la comisaría en los momentos inmediatos al hecho.
Este conjunto de evidencias permite analizar el caso Ragone como una operación donde la inteligencia estratégica se combinó con una ejecución operativa violenta y una estructura judicial que facilitó la impunidad inicial.
La jornada del 1 de junio de 2011 en la Causa Ragone se centra en el análisis de la Intervención Federal en Salta (1974-1975), un periodo de transición crítica que marcó el fin del gobierno constitucional de Miguel Ragone y la consolidación de las estructuras que luego ejecutarían el terrorismo de Estado. Las dimensiones abordadas incluyen la reconfiguración institucional de la provincia, la influencia militar en la seguridad pública y la creciente persecución política dentro del movimiento peronista. El contexto está definido por un clima de "final anunciado", donde el golpe de Estado de 1976 se percibía como inevitable ante la crisis del gobierno nacional de Isabel Martínez de Perón.
Entre los actores clave mencionados destacan el exgobernador Miguel Ragone, el entonces Ministro del Interior Alberto Rocamora, y los jefes policiales y militares Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil y Carlos Alberto Mulhall.
El testimonio central de esta sesión es aportado por:
José Alejandro Mosquera: Exinterventor Federal de Salta (noviembre de 1974 - octubre de 1975), exdiputado y excamarista federal. Su aporte resulta fundamental al revelar que fue el propio Ragone quien le solicitó gestionar la intervención de los tres poderes de la provincia, manifestando estar "cansado" y sentirse "traicionado" por el poder legislativo local.
Mosquera detalla cómo se gestó su gabinete, admitiendo que el nombramiento de Miguel Raúl Gentil como Jefe de Policía fue una imposición del Ministerio del Interior bajo sugerencia del Ejército, lo que evidencia la pérdida de autonomía civil sobre las fuerzas de seguridad.
Asimismo, el testigo ofrece una definición política trascendental sobre la Triple A, caracterizándola como un "nombre de fantasía" utilizado por las tres Fuerzas Armadas para actuar con impunidad, desestimando que se tratara de un grupo paramilitar independiente.
Esta introducción permite analizar cómo el desplazamiento político de Ragone facilitó la militarización de la policía provincial y preparó el terreno operativo para la represión sistemática, a pesar de que el testigo sostiene que bajo su gestión se respetaron los derechos humanos.
Día 21, Cámara testigo, parte 1 de 2
La presente jornada de la Causa Ragone se centra en la reconstrucción del periodo de la Intervención Federal en Salta (1974-1975), analizando la transición desde el gobierno constitucional de Miguel Ragone hacia un esquema de control centralizado por el gobierno nacional. Las dimensiones abordadas incluyen la crisis institucional y política interna del peronismo, la reconfiguración del gabinete provincial y el debate sobre la naturaleza de la represión paraestatal, específicamente el rol de la Triple A frente a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. El contexto se define por una provincia "vulnerable" y en desorden, marcada por la desconfianza hacia la dirigencia política y el avance de la violencia operativa.
Entre los actores clave mencionados destacan el exgobernador Miguel Ragone, el entonces Ministro del Interior Alberto Rocamora, la presidenta Isabel Martínez de Perón y figuras de la seguridad como el General Landa y el coronel a cargo de la guarnición local.
El aporte principal de esta sesión proviene del testigo:
Eduardo Mosquera: Exinterventor Federal de Salta y excamarista federal. Su testimonio resulta fundamental al revelar un dato histórico inédito: afirma que Miguel Ragone le solicitó personalmente gestionar la intervención de los tres poderes de la provincia, manifestando estar "cansado" y sentirse "traicionado" por el poder legislativo. Además, Mosquera ofrece una perspectiva crítica sobre el aparato represivo, sosteniendo que la Triple A no existía como organización independiente, sino que era un "nombre de fantasía" utilizado por el Ejército y la Marina para actuar con impunidad. Su declaración detalla cómo desplazó a los funcionarios de Ragone para nombrar a "peronistas históricos" y describe la fuerte presión de las Fuerzas Armadas para controlar la jefatura de policía mediante oficiales en actividad.
Este resumen introduce el análisis de cómo el desplazamiento político de Ragone y la posterior intervención federal prepararon el terreno operativo para el accionar represivo sistemático que culminaría en el golpe de 1976.
Día 21, Cámara testigo, parte 1 de 2
La presente jornada de la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción del clima de persecución ideológica y desestabilización política que afectó a Salta desde finales de la década de 1960, intensificándose durante el gobierno de Miguel Ragone. Las dimensiones abordadas incluyen la purga de la excelencia académica en las universidades tras el golpe de 1966, las violentas pugnas internas del peronismo entre la "tendencia" y la "ortodoxia", y el uso del aparato policial para el espionaje y la intimidación de funcionarios públicos. El contexto se define por una transición del romanticismo político universitario a una realidad de amenazas directas y "listas negras" que forzaron el exilio interno de cuadros técnicos y políticos.
Entre los actores mencionados destacan el exgobernador Miguel Ragone, descrito como una persona excelente y un ícono de identidad popular; el exministro de Economía Mario Villada; y el represor Joaquín Guil, identificado como el ejecutor de las amenazas y la inteligencia operativa.
La jornada cuenta con el testimonio fundamental de un exsecretario de Estado de Industria y Comercio y funcionario universitario (identificado en el historial como Néstor Antonio Spinetti), cuyo aporte principal consiste en:
La disección de la crisis política: Relata cómo las acusaciones de "simpatizar con la tendencia" fueron utilizadas para forzar renuncias masivas y aislar a Ragone, a pesar de los esfuerzos técnicos por estabilizar la economía provincial.
La infiltración en la universidad: Describe cómo, en 1975, Joaquín Guil se presentó en su despacho universitario para exigir la entrega de legajos y antecedentes de graduados, marcando el inicio de una fase de control policial sobre el ámbito académico.
El testimonio del terror directo: Aporta un relato vívido sobre los allanamientos en su domicilio y la amenaza personal de Guil ("Retírate de aquí antes que te corten"), lo que evidencia que la estructura represiva operaba con total impunidad contra los colaboradores de Ragone incluso antes del golpe de 1976.
Este resumen permite analizar cómo el vaciamiento del gabinete de Ragone no fue solo político, sino el resultado de un plan sistemático de terror que obligó a sus colaboradores más cercanos a abandonar sus cargos y la provincia para salvaguardar sus vidas.
La presente jornada de la Causa Ragone se centra en la reconstrucción del aparato represivo y de inteligencia en Salta, analizando la transición hacia el terrorismo de Estado y la mecánica operativa detrás del secuestro del exgobernador. Las dimensiones abordadas incluyen la coordinación entre la policía provincial y la inteligencia militar (Infantería de Montaña 5), el uso de la tortura sistemática para obtener información sobre "objetivos" políticos y la implementación de "zonas liberadas" para facilitar el accionar de los grupos de tareas. El contexto está marcado por un periodo de intervención federal donde la fuerza policial quedó subordinada al mando militar, consolidando un monopolio de la violencia antes y después del golpe de 1976.
Entre los actores clave mencionados destacan el propio Miguel Ragone, el Director de Seguridad Joaquín Guil y el jefe policial Miguel Raúl Gentil, señalados como figuras centrales en la selección de víctimas y el control de la información operativa. Asimismo, se menciona la participación de agentes de inteligencia y efectivos militares en la ejecución del plan criminal.
El testimonio principal es brindado por:
Víctor Hugo Elías: Investigador, periodista y exmilitante que ha actuado como querellante en diversas causas de lesa humanidad. Su principal aporte consiste en una reconstrucción analítica basada en años de recolección de datos y testimonios de antiguos efectivos policiales. Elías detalla la información obtenida del exoficial Vilte, quien proporcionó una versión sobre la participación directa de Joaquín Guil en el operativo y el destino final del mandatario. Además, su declaración es fundamental para entender la logística del miedo y cómo la estructura policial facilitó el trabajo de los grupos operativos mediante la liberación de territorios y la supresión de la presencia de testigos en el lugar del hecho.
Este resumen permite identificar que el crimen de Ragone fue una operación de Estado diseñada para aniquilar un liderazgo político mediante el uso coordinado de inteligencia y fuerza bruta.
La presente jornada testimonial de la Causa Ragone se sitúa en un contexto crítico de "derechización" y represión para-estatal en Salta, específicamente a partir de enero de 1975, periodo marcado por las intervenciones federales y el desmantelamiento del proyecto popular liderado por el gobernador Miguel Ragone. Las dimensiones analizadas abarcan desde la tortura sistemática en dependencias policiales y federales hasta las condiciones de vida de los presos políticos en el penal de Villa las Rosas, destacando el impacto del terrorismo de Estado sobre las mujeres embarazadas y los niños nacidos en cautiverio.
Entre los actores clave mencionados destacan el gobernador Miguel Ragone, caracterizado como un líder de un "gobierno popular" al que no dejaron gobernar; Joaquín Guil, identificado como una figura omnipresente en la inteligencia y el control de los detenidos; y diversos agentes de la Policía Federal y Provincial que operaban en coordinación con el Ejército.
La jornada se articula a través del testimonio fundamental de:
Mirtha Josefa Torres: Militante y trabajadora de la Dirección de Vialidad, detenida el 7 de enero de 1975. Su principal aporte consiste en la reconstrucción del clima de terror previo al golpe de 1976, detallando las sesiones de tortura con picana eléctrica y simulacros de fusilamiento que sufrió estando embarazada. Leonard ofrece un relato pormenorizado sobre la organización de las presas políticas, la solidaridad entre compañeras y la crianza de niños dentro de la cárcel, denunciando la falta de atención médica y el maltrato institucional. Además, su declaración vincula la represión en Salta con un plan regional y geopolítico más amplio (como el Plan Cóndor) destinado a exterminar a los cuadros de las organizaciones revolucionarias y sociales que apoyaban a Ragone.
Este testimonio permite comprender que la desaparición de Ragone fue la culminación de un proceso de violencia política y vaciamiento institucional que ya operaba con plena intensidad un año antes del golpe militar.
Día 20, parte 1 de 2
La jornada testimonial del 31 de mayo de 2011 en la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción histórica y periodística del secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, enmarcando el hecho dentro de un plan sistemático de terrorismo de Estado. El análisis se centra en dimensiones críticas como la operatividad de la inteligencia militar, la implementación de "zonas liberadas" para facilitar crímenes y el debate jurídico sobre la protección de las fuentes periodísticas frente a la búsqueda de la verdad real en crímenes de lesa humanidad. El contexto describe una Salta donde el Ejército ejercía un monopolio de la violencia, utilizando a la policía provincial bajo su mando operativo para ejecutar secuestros y sesiones de tortura en centros clandestinos como la Guarnición Militar o la sede de la Policía Federal.
Entre los actores mencionados destacan los imputados Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil, Carlos Alberto Mulhall y Andrés del Valle Soraire, señalados como responsables de la estructura represiva.
La jornada contó con el testimonio fundamental de:
Carlos Humberto Saravia: Investigador, periodista y autor de un libro sobre la gestión y el secuestro de Ragone. Su principal aporte consiste en la sistematización de cinco hipótesis sobre el crimen, concluyendo que fue una operación del Ejército y la Policía. Saravia describe la mecánica de la "zona liberada" en el barrio de Ragone, facilitada por la ausencia deliberada de la policía y la pasividad de las custodias cercanas. Asimismo, aporta información sobre la Compañía de Ingenieros 5 como posible lugar donde el gobernador habría sido torturado y asesinado antes de ser enterrado en el campo militar. Su declaración generó un intenso debate procesal donde el tribunal finalmente resolvió preservar su secreto de fuente periodística, priorizando la libertad de expresión y la integridad de sus informantes sobre el pedido de la querella de revelar nombres específicos.
Osvaldo Alfredo Vargas Flores: Citado como testigo en la causa, aunque su comparecencia inicial se centró en los aspectos formales del juramento y la solicitud de no ser filmado por las cámaras del INCAA durante su declaración.
Este resumen introduce el análisis de cómo la investigación periodística ha servido para exhumar la verdad ante la parálisis judicial de la época, revelando la coordinación logística necesaria para eliminar a un mandatario constitucional.
Día 20, parte 1 de 2
La jornada del 31 de mayo de 2011 en la Causa Ragone constituye un eslabón fundamental para comprender el paso del estado de sitio a un plan sistemático de exterminio en Salta, mucho antes del golpe de marzo de 1976. Las dimensiones abordadas en esta sesión combinan resoluciones procesales críticas, como la orden de exhumación del cuerpo de Santiago Catalino Arredes y la realización de pericias acústicas y de tiempos de desplazamiento del vehículo de Ragone, con testimonios que reconstruyen la mecanización del terrorismo de Estado. El contexto se sitúa en el periodo de las intervenciones provinciales de 1975, caracterizado por una "derechización" del gobierno nacional que facilitó el accionar de grupos operativos contra la militancia popular.
Entre los actores mencionados destacan los imputados Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil, Carlos Alberto Mulhall y otros miembros de las fuerzas de seguridad, así como figuras del ámbito político y mediático como Roberto Romero, señalado por su rol en la desestabilización del gobierno de Ragone. Asimismo, se identifica a los represores de la Policía Federal Federico Livi y Juan Carlos Alzugaray como ejecutores directos de tormentos.
La testigo central de esta jornada es:
Mirtha Josefa Torres: Exmilitante de la Juventud Peronista y delegada gremial de la Dirección de Vialidad de la Provincia. Su principal aporte es el relato crudo de su detención en enero de 1975 y las torturas con picana eléctrica y simulacros de fusilamiento que sufrió mientras estaba embarazada en la sede de la Policía Federal. Torres ofrece una perspectiva única sobre la vida carcelaria en el Buen Pastor y Villa las Rosas, donde llegó a amamantar a hijos de otras compañeras que luego serían asesinadas en la Masacre de Palomitas, como Celia Ávila. Su testimonio trasciende lo individual para denunciar un plan de exterminio coordinado que buscaba erradicar el proyecto político de Ragone, a quien describe como un líder profundamente comprometido con los sectores más humildes y los pueblos originarios.
Este resumen introduce el análisis de cómo la estructura represiva en Salta utilizó tanto la violencia física extrema como la inteligencia policial y militar para descabezar a los cuadros revolucionarios y sociales que sostenían al gobierno constitucional.
La presente jornada de la Causa Ragone se centra en la reconstrucción de la estructura interna y el funcionamiento de la Policía de Salta durante y después del secuestro del exgobernador, analizando la transición de mandos y la persistencia de mecanismos de inteligencia estatal. Las dimensiones abordadas incluyen la "comunidad informativa" (coordinación entre policía y ejército), el uso de sumarios administrativos como herramienta de purga política y la recopilación de testimonios sobre los eventos ocurridos en las inmediaciones de la calle del Milagro. El contexto está marcado por un sistema donde la Dirección de Seguridad, bajo el mando de Joaquín Guil, centralizaba el valor de la información operativa mientras se mantenía una fachada de normalidad institucional.
Entre los actores clave mencionados destacan el exgobernador Miguel Ragone, el represor Joaquín Guil (identificado como jefe de seguridad y manejo de información) y los oficiales involucrados en el desplazamiento de la cúpula policial anterior por hechos de corrupción interna.
La jornada se articula a través del testimonio de un actor institucional de relevancia:
Guaymas (ex Jefe de Policía 1979-1981): Su principal aporte consiste en detallar cómo, tras asumir la jefatura, utilizó un sumario administrativo por irregularidades —específicamente el canje de entradas de fútbol— para forzar una "salida decorosa" de los mandos cuestionados, entre ellos Guil y Gentil. Además, Guaymas ofrece un relato indirecto sobre el secuestro, mencionando haber escuchado de colegas que el operativo fue una acción coordinada donde se "mató a los dragones" (referencia a los seguidores de Ragone) y confirmando la existencia de un clima de silencio y temor dentro de la propia fuerza.
Médico (vecino de la zona): Las fuentes hacen referencia a la declaración y el informe técnico de un profesional de la salud que residía cerca del lugar del hecho. Su aporte es crucial para validar la materialidad del ataque y las circunstancias médicas de los heridos en el sitio del secuestro, aunque su testimonio es analizado en la audiencia bajo una atmósfera de "ansiedad y angustia" por las posibles represalias.
Este resumen introduce el análisis de cómo el aparato represivo no solo operó en la captura de Ragone, sino que mantuvo una red de inteligencia y encubrimiento que condicionó el accionar policial y judicial en los años posteriores.
Día 19, parte 1 de 2
La jornada testimonial del 30 de mayo de 2011 en la Causa Ragone se divide en dos dimensiones críticas: la resolución de incidencias procesales por motivos de salud de los imputados y la reconstrucción técnica del escenario del crimen tras el secuestro del gobernador Miguel Ragone. El contexto de la audiencia estuvo marcado por la urgencia médica de Luciano Benjamín Menéndez, cuyo estado de salud obligó al tribunal a debatir su apartamiento del juicio para evitar una "impunidad biológica" ante su incapacidad de seguir las audiencias. Asimismo, la sesión abordó la ineficiencia operativa de la policía en 1976 y la intervención directa de la justicia federal en las primeras horas tras el hecho.
Entre los actores mencionados destacan el imputado Luciano Benjamín Menéndez, el exjuez federal Ricardo Lona, el comisario Santiago Pedrosa y el director de seguridad Joaquín Guil, este último señalado como el responsable de manejar los hilos operativos y de inteligencia de la fuerza provincial.
La jornada contó con dos testimonios de distinta naturaleza:
Dr. Raúl Antonio Hacia (Médico Forense): Presentó un informe técnico sobre la salud de Menéndez, confirmando que el imputado sufrió un infarto y requería al menos 45 días de recuperación fuera de situaciones de estrés. Su aporte fue determinante para que el tribunal dispusiera la separación de Menéndez del juicio actual, ordenando monitoreos médicos bimestrales para evaluar su futura reincorporación.
Señor Tapia (Exagente de Policía): Antiguo colaborador y chofer del comisario Santiago Pedrosa en la Seccional Primera. Su aporte principal consiste en la descripción del hallazgo del vehículo de Ragone en el Pasaje Gabriel Puló. Tapia relató que llegó al lugar junto a Pedrosa y el juez Lona en su propio auto particular porque la comisaría no tenía móviles. Detalló haber visto manchas de sangre en el piso del auto (un Peugeot celeste) y un zapato negro en el asiento delantero, evidencias materiales directas de la violencia del secuestro. Además, mencionó el asesinato del vecino Santiago Catalino Arredes como parte del operativo criminal.
Este conjunto de testimonios permite analizar tanto los obstáculos biológicos que enfrenta la justicia en causas de lesa humanidad como la precariedad y posibles omisiones en la investigación inicial del secuestro.
Día 19, parte 2 de 2
La jornada del 30 de mayo de 2011 en la Causa Ragone constituye un eslabón crítico para analizar la respuesta policial inmediata al secuestro del gobernador Miguel Ragone y las versiones internas sobre su ejecución. El contexto de la audiencia se centra en la reconstrucción de los hechos del 11 de marzo de 1976, bajo un marco de complicidad institucional y "memoria selectiva" por parte de exmiembros de las fuerzas de seguridad. Las principales dimensiones abordadas incluyen la precariedad operativa deliberada de la policía (falta de vehículos para la investigación), el manejo de la información bajo la etiqueta de "hecho subversivo" y la desaparición de pruebas físicas esenciales como los zapatos del mandatario. Los actores centrales mencionados son los acusados Joaquín Guil (Director de Seguridad), Miguel Raúl Gentil y el exjuez Ricardo Lona.
La jornada se articula fundamentalmente a través de dos testimonios clave:
Santiago Matías Pedrosa: Excomisario a cargo de la Seccional Primera al momento del secuestro. Su aporte inicial se limita a describir el hallazgo de un zapato mocasín en el lugar del hecho y el traslado del juez Lona en un auto particular (del empleado Oscar Tapia) ante la supuesta falta de móviles policiales. No obstante, su testimonio es caracterizado por la fiscalía como un acto de falso testimonio, debido a contradicciones flagrantes sobre los horarios en que tomó conocimiento del crimen y la elevación de las actuaciones a áreas de inteligencia como el Contralor General en lugar de las vías judiciales ordinarias.
Luis Roberto Gutiérrez: Conocido de la familia Ragone que aporta una versión de "oídas" obtenida de conversaciones con el excomisario Misael Sánchez. Su principal contribución es la identificación de presuntos autores materiales: señaló a Roberto Talcacho como quien habría disparado a Ragone tras un forcejeo y a un sujeto de apellido Guerrizas (campeón de tiro) como el ejecutor del vecino Santiago Catalino Arredes. Además, introdujo el estremecedor relato de que el cuerpo del gobernador habría sido llevado a Cabra Corral y luego regresado a Salta para ser dinamitado y así borrar evidencias.
Estos testimonios permiten contrastar la parálisis burocrática oficial de la policía de la época con los relatos que circulaban en la intimidad de la propia fuerza, revelando la profundidad del plan criminal y su encubrimiento.
Esta jornada de la Causa Ragone se desarrolla en un contexto de tensión procesal y médica, centrada específicamente en la evaluación del estado de salud de uno de los principales imputados, Luciano Benjamín Menéndez,. La dimensión principal abordada no es el relato de los hechos históricos del secuestro, sino la viabilidad de la continuidad del juicio frente a la incapacidad física sobreviniente de un acusado de alto rango,. El debate gira en torno a la necesidad de peritajes médicos complementarios para decidir si Menéndez debe ser apartado de la causa o si puede seguir el proceso mediante videoconferencia desde su lugar de detención,.
Entre los actores clave mencionados se encuentran el imputado Luciano Benjamín Menéndez, el fiscal Dr. Recio, defensores como el Dr. Petrina y representantes de las querellas, entre ellos los doctores Duarte, Leira y Arancibia,,.
En esta sesión, el rol del "testigo" es asumido por un perito técnico del cuerpo médico forense:
Dr. Raúl Antonio Hacia: Médico del cuerpo forense de Tucumán, cuyo aporte principal es el informe clínico detallado sobre la salud de Menéndez. El doctor informa que el imputado sufrió un infarto agudo de miocardio el 25 de mayo de 2011, por el cual se le practicó una angioplastia con implante de stent metálico,,. Su conclusión técnica define a Menéndez como un paciente de alto riesgo que requiere un periodo de recuperación de aproximadamente 40 días, lo que motiva el pedido de la fiscalía y las querellas de una segunda opinión a cargo de médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,,.
Este resumen introduce un análisis sobre cómo las incidencias biológicas de los imputados de edad avanzada impactan en los tiempos de la justicia y la memoria en los juicios de lesa humanidad.
La presente jornada de la Causa Ragone se caracteriza por un marcado debate técnico-procesal que pone de relieve la complicidad o ineficacia judicial durante la dictadura y la transición democrática en Salta,. El contexto de la audiencia se ve afectado por el estado de salud del imputado Mulhall, quien presenta un cuadro de hipertensión y deshidratación que obliga a suspender la sesión principal,. Las dimensiones abordadas giran en torno a la responsabilidad de los magistrados en la tramitación de la causa, la desaparición transitoria de expedientes y la subordinación de la justicia ante el poder militar de la época,.
Entre los actores mencionados destacan el imputado Mulhall, el entonces mayor del ejército Juan Carlos Grande, y los abogados y fiscales que debaten la naturaleza del testimonio de antiguos funcionarios judiciales,,.
El foco de la jornada se centra en la figura de un testigo clave cuya situación procesal es objeto de controversia:
Abrotín Suárez: Antiguo funcionario judicial cuya declaración es cuestionada por la fiscalía. El principal aporte (u objeto de análisis) es su reunión en la ciudad de Metán con el entonces mayor Juan Carlos Grande,. La fiscalía sostiene que no debe declarar como testigo sino como imputado por encubrimiento, debido a irregularidades como la suspensión de audiencias a pedido militar y el hecho de que el expediente de la causa Ragone fuera "prestado" a la jefatura de policía durante meses, reabriéndose recién con la llegada de la democracia,.
Este debate permite analizar cómo la estructura judicial pudo haber operado para garantizar la impunidad de los responsables mediante la manipulación de los tiempos procesales y la entrega de pruebas a los propios organismos represivos.
La presente jornada de la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción del clima de violencia institucional, persecución política y terrorismo de Estado en Salta durante la década de 1970. Las dimensiones abordadas incluyen la desestabilización política del gobernador Miguel Ragone por parte de sectores de la derecha peronista, el uso de la tortura sistemática en la Central de Policía y la implementación de mecanismos de marginalización social contra militantes y trabajadores. El contexto se define por la fractura ideológica del movimiento peronista y un asedio previo al golpe de 1976 que buscaba vincular al mandatario con organizaciones armadas para justificar su eliminación.
En esta sesión, los testimonios de Ambrosio López, Mario Amelunge Vargas y Nora Beatrix Leonard ofrecen perspectivas complementarias sobre el aparato represivo:
Ambrosio López: Exdelegado de trabajadores rurales, relata su secuestro y tortura en la Central de Policía días antes del secuestro de Ragone. Su principal aporte es documentar que los interrogadores, bajo el mando de Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, buscaban confirmar bajo tormento si el gobernador era un "montonero", evidenciando que el mandatario ya era un objetivo del aparato represivo antes de marzo de 1976.
Mario Amelunge Vargas: Exsecretario general de la UOM y delegado de la CGT, aporta la visión del sector sindical. Su contribución se centra en explicar el distanciamiento con Ragone debido a "problemas ideológicos" y relata la toma espontánea de la Casa de Gobierno en 1973 como una demostración de fuerza gremial frente a lo que consideraban una infiltración de izquierda en el gobierno provincial.
Nora Beatrix Leonard: Exmilitante universitaria, describe el clima de terror marcado por atentados con bombas a abogados y el asesinato de figuras como el periodista Luciano Jaime. Su aporte fundamental es la denuncia del accionar de Joaquín Guil como torturador y la documentación de las "listas negras" institucionales; relata cómo, tras ser liberada, su certificado de buena conducta incluía un sello rojo con la leyenda "registra antecedentes subversivos", lo que le impedía reinsertarse laboralmente.
Estos testimonios permiten analizar el caso Ragone no como un hecho aislado, sino como la culminación de un proceso de vulnerabilidad inducida mediante la violencia física y la estigmatización política.
Día 16, Parte 2 de 2
Esta jornada de la Causa Ragone reconstruye el entramado de terrorismo de Estado en Salta durante la década de 1970, caracterizado por la persecución sistemática a la militancia política y social. El contexto se define por la fractura interna del peronismo tras la muerte de Perón, el surgimiento de la Triple A y la implementación del Plan Cóndor, un esquema de coordinación represiva continental que identificó al gobernador Miguel Ragone como un "enemigo" por su compromiso con el bienestar popular. Las dimensiones analizadas abarcan desde la mecanización de los secuestros y la tortura en dependencias policiales hasta la infiltración de inteligencia en ámbitos universitarios y la complicidad de las fuerzas de seguridad bajo el mando de figuras como Joaquín Guil y Miguel Raúl Gentil.
La jornada cuenta con tres testimonios fundamentales que documentan el alcance de la represión:
Cristina del Valle Cobos de Rodríguez: Aporta un relato desgarrador sobre la persecución a su familia, detallando el secuestro y desaparición de su marido, Víctor Brizzi, y el asesinato de su hermano de 18 años, Martín Cobos, acribillado por un grupo armado. Su principal aporte es la denuncia de la inteligencia policial y federal, identificando años después a un infiltrado en la universidad, Amado Azcafer, quien llegó a ser Secretario de Seguridad en democracia.
Juan Carlos Salomón: Militante sindical que ofrece una profunda caracterización política de la época. Su aporte clave es la descripción del asedio al gobierno de Ragone por parte de la "burocracia sindical" y sectores de derecha, quienes forzaron el aislamiento del gobernador. Asimismo, testimonia sobre su propia detención y el rol de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en el descabezamiento de los sectores combativos.
Blanca Silvia Lezcano: Brinda testimonio sobre la persecución en la Universidad Nacional de Salta y los operativos conjuntos entre provincias. Describe un violento allanamiento en su domicilio liderado personalmente por Joaquín Guil en 1975 y relata la desaparición de su padre y hermanas en Santiago del Estero, evidenciando la naturaleza sistemática y territorialmente extendida del plan represivo antes y después del golpe de 1976.
Este conjunto de evidencias permite analizar el caso Ragone no solo como un crimen individual, sino como parte de un proyecto de aniquilamiento de la disidencia política coordinado por las estructuras militares y policiales de la región.
Día 16, Cámara testigo, Parte 1 de 2
La jornada de la Causa Ragone analizada en esta sesión reconstruye el complejo escenario de violencia institucional y fractura ideológica en Salta durante la década de 1970. Las dimensiones abordadas incluyen el asedio político y sindical al gobernador Miguel Ragone, la práctica de la tortura sistemática en dependencias policiales como la D2 y el papel de los sectores de la derecha peronista en la desestabilización del gobierno provincial. El contexto se define por la transición hacia la intervención federal y la creciente represión para-estatal antes del golpe de 1976.
La jornada se articula a través de los aportes de tres testigos fundamentales:
Ambrosio López: Exdelegado rural que detalla su secuestro y las torturas sufridas durante 25 días en la Central de Policía. Su principal aporte es documentar que los interrogadores de la policía (D2) buscaban vincularlo con el gobernador, preguntándole específicamente si Ragone era "montonero", lo que demuestra que el mandatario ya era un objetivo de la inteligencia represiva antes de su desaparición.
Mario Amelunge Vargas: Exsecretario General de las 62 Organizaciones y delegado de la CGT, quien ofrece la perspectiva del sector sindical enfrentado al gobernador. Su contribución consiste en explicar las "diferencias ideológicas" con la gestión de Ragone y relatar la toma de la Casa de Gobierno en septiembre de 1973, describiéndola como una reacción "espontánea" del pueblo y los sindicatos ante lo que consideraban una infiltración de izquierda en el poder provincial.
Nora Beatrix Leonard: Exmilitante que describe el clima de persecución y desestabilización política. Su principal aporte es el análisis del rol de la derecha peronista en el aislamiento de Ragone y el relato de su propia detención, vinculando la violencia sufrida por su familia con el plan sistemático para descabezar a los sectores que apoyaban el proyecto popular del gobernador.
Este resumen permite identificar cómo el secuestro de Ragone fue precedido por una estrategia coordinada de estigmatización política, violencia física contra sus seguidores y presión sindical desestabilizadora.
Día 16, Cámara testigo, Parte 1 de 2
La presente jornada de la Causa Ragone analiza la represión sistemática y coordinada en el Noroeste Argentino durante la década de 1970, con un enfoque particular en la persecución ideológica dentro de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el accionar de grupos operativos en "zonas liberadas". El contexto está definido por el Operativo Independencia y una vigilancia extrema sobre estudiantes y docentes tildados de "subversivos", facilitada por una "comunidad informativa" que realizaba seguimientos detallados de personas y vehículos para facilitar secuestros. Entre los actores clave mencionados destacan el represor Joaquín Guil, identificado como jefe de operativos domiciliarios, y los miembros de la familia Lezcano, víctimas de desapariciones forzadas en operativos similares entre Salta y Santiago del Estero.
La testigo principal de esta sesión es:
Blanca Silvia Lezcano: Exestudiante universitaria cuyo aporte resulta fundamental para documentar la mecánica del terror para-estatal y la purga ideológica en el ámbito académico. Lezcano describe detalladamente un violento allanamiento en su domicilio en 1975, donde identifica directamente a Joaquín Guil como el oficial a cargo que ingresó a su hogar. Su testimonio es crucial porque revela la existencia de listas de seguimiento y el carácter regional de la represión, relatando el secuestro de su padre y hermanas en Santiago del Estero bajo una modalidad operativa idéntica a la aplicada en Salta, lo que evidencia la ejecución de un plan sistemático y territorialmente extendido.
La presente jornada testimonial de la Causa Ragone se centra en la reestructuración institucional y la normalización de la Policía de Salta entre finales de 1978 y 1981, tras un periodo de profunda irregularidad y control represivo. Las dimensiones analizadas abarcan desde la profesionalización intelectual del personal mediante convenios con la Universidad Nacional de Salta, hasta la creación de la comisaría del menor y la incorporación de personal femenino a la fuerza. El contexto se sitúa en la etapa de transición de mandos policiales bajo la órbita militar, donde todavía persistía un control estricto de personas por razones ideológicas a través de la "comunidad informativa" y el departamento de inteligencia.
Entre los actores mencionados destacan los integrantes de la cúpula policial anterior, específicamente Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, quienes son señalados por su implicación en sumarios administrativos y el manejo irregular de fondos y actividades en el Centro Policial.
El aporte principal proviene del testigo que ejerció como Jefe de Policía de Salta durante el periodo 1979-1981 (designado originalmente a fines de 1978), quien detalla cómo utilizó una investigación por corrupción interna para desplazar a la cúpula de Gentil y Guil. Su testimonio revela que:
Existía un sistema de "sumario administrativo" que involucraba a la plana mayor en el canje de entradas de fútbol por la anulación de infracciones, lo cual sirvió como base para forzar una "salida decorosa" de los mandos cuestionados.
A pesar de sus esfuerzos por modernizar la fuerza, reconoce que el control de la información y la "lucha contra la subversión" seguían siendo tareas operativas coordinadas por la policía provincial bajo directivas superiores.
Menciona haber guardado copias de estos sumarios como precaución personal, lo que permite documentar las irregularidades y la falta de idoneidad de quienes dirigieron la represión en los años previos.
Esta introducción permite analizar cómo la estructura de poder que facilitó el crimen de Ragone fue parcialmente desarticulada por razones de corrupción interna, mientras se mantenían activos los mecanismos de vigilancia estatal.
Día 15, Cámara testigo, Parte 2 de 3
La presente jornada de la Causa Ragone ofrece una mirada profunda a la construcción política y técnica del gobierno de Miguel Ragone en Salta (1973-1976) y su posterior desestabilización mediante la violencia institucional. Las dimensiones centrales abordadas incluyen la planificación de políticas sociales a través del "Comando Tecnológico", el intento de humanización de la fuerza policial y la creciente hostilidad de los sectores de la derecha peronista y empresarial. El contexto se sitúa en un periodo de alta polarización, marcado por el asesinato de José Ignacio Rucci a nivel nacional y el "Navabrazo" en Salta, eventos que precipitaron el asedio físico y político al gobernador.
Entre los actores clave mencionados destacan el gobernador Miguel Ragone, el jefe de policía reformista Antonio Rubén Fortuny, y los ejecutores del aparato represivo Joaquín Guil y Miguel Raúl Gentil. Asimismo, se señala el rol opositor de Roberto Romero desde el ámbito mediático y la presencia del general Luciano Benjamín Menéndez en la fase final de la intervención.
El testimonio principal de esta sesión es aportado por:
Néstor Antonio Spinetti: Colaborador estrecho, técnico y amigo personal de Ragone. Su principal aporte consiste en la reconstrucción del proyecto político-técnico del gobierno, detallando cómo se buscó integrar al vecindario en la gestión municipal y transformar a la policía en una institución defensora de los derechos humanos bajo la gestión de Fortuny.
Spinetti brinda un relato crucial sobre la insurrección de septiembre de 1973, describiendo cómo Ragone permaneció firme en su despacho mientras sectores sindicalistas y policiales intentaban tomar la Casa de Gobierno por la fuerza. Además, documenta la mecánica de aislamiento impuesta desde el gobierno nacional mediante órdenes de "depuración" ideológica y la posterior persecución de la Triple A, vinculando estos hechos con el plan sistemático que culminaría en el secuestro del mandatario.
Este resumen permite analizar cómo la gestión de Ragone fue cercada no solo operativamente por las fuerzas de seguridad, sino también mediante un vaciamiento político y mediático diseñado para facilitar el golpe final.
Día 15, Cámara testigo, Parte 2 de 3
Esta jornada de la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción del clima de violencia institucional y persecución política que imperó en Salta entre finales de los años 60 y mediados de los 70, periodo que culminó con la desaparición del exgobernador. Las dimensiones abordadas incluyen la articulación de la "comunidad informativa" —donde convergían servicios de inteligencia militares, federales y provinciales—, el accionar del "comando sindical de represión" y las intensas pujas internas del peronismo que buscaron aislar y forzar la renuncia de Miguel Ragone. El contexto está marcado por el Operativo Independencia y un estado de excepción donde las fuerzas de seguridad disponían arbitrariamente de la vida de los ciudadanos.
Entre los actores clave mencionados destacan el propio Miguel Ragone, asediado por sectores de la derecha; Joaquín Guil, señalado como el "hombre fuerte" del aparato represivo policial; el Teniente Coronel Guiñazú, vinculado a la inteligencia militar; y Miguel Raúl Gentil, jefe policial durante el periodo crítico.
El testimonio central de esta sesión es aportado por:
Néstor Antonio Spinetti (referido como "Ingeniero"): Antiguo colaborador y secretario de prensa, quien ofrece un relato detallado sobre el proceso de desestabilización del gobierno. Su principal aporte consiste en documentar las sucesivas amenazas y presiones para que Ragone abandonara su cargo, detallando incluso la existencia de un "paquete" con la renuncia ya preparada por sectores opositores. Además, Spinetti describe la operatividad de la inteligencia policial, mencionando misiones especiales de oficiales disfrazados y el control absoluto que ejercían figuras como Joaquín Guil sobre la seguridad y el destino de los detenidos políticos.
Este conjunto de evidencias permite analizar el secuestro de Ragone como la culminación de un plan de "aniquilamiento" político y físico ejecutado por una estructura paraestatal y militar coordinada.
La jornada de testimonios en la Causa Ragone se enmarca en un periodo de extrema convulsión política y fragmentación institucional en la provincia de Salta, previo al golpe de Estado de 1976. Las dimensiones analizadas en esta sesión se centran en el aislamiento político del gobernador Miguel Ragone, el asedio de la denominada "burocracia sindical" y la hostilidad mediática, factores que confluyeron para debilitar su gestión antes de su desaparición. El contexto general está definido por la intervención federal de 1974, justificada por sectores opositores como una necesidad para "descomprimir" la tensión con el gobierno nacional, aunque en la práctica facilitó el retorno de actores vinculados a la represión.
Entre los actores clave mencionados destacan el propio Miguel Ragone, caracterizado por su honestidad y su intento de cambio en la gestión; Roberto Romero, señalado como su "enemigo público número uno" desde el diario El Tribuno; y figuras del aparato represivo como Joaquín Guil, quien había sido exonerado por torturas bajo la jefatura de Rubén Fortuny pero fue reincorporado tras la intervención. También se mencionan líderes de sectores radicalizados como Armando Jaime y Carlos Salomón, quienes protagonizaron la toma de la CGT en Salta.
El testigo principal de esta jornada es:
Néstor Antonio Spinetti: Colaborador ad honorem y amigo cercano de Ragone. Su principal aporte consiste en reconstruir la trama de presiones políticas que rodearon al mandatario, detallando cómo la CGT lo declaró persona no grata y cómo el partido se fracturó internamente en la legislatura. Además, ofrece un relato directo sobre el hallazgo del vehículo de Ragone (un Peugeot 504) en Cerrillos poco después del secuestro, aportando detalles materiales cruciales como la presencia de una gran cantidad de sangre y un zapato en el interior del auto.
Este testimonio es fundamental para comprender que el secuestro no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de vulnerabilidad inducida por enemigos políticos y operativos de seguridad que ya actuaban en la provincia.
Día 13, Parte 02
Por la tarde
La jornada testimonial de la Causa Ragone analizada se centra en la reconstrucción del clima de terror y violencia institucional que imperó en Salta entre 1973 y 1976, periodo previo al golpe de Estado. Las dimensiones clave abordadas incluyen la omnipotencia de la estructura policial liderada por la dupla de Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, la coordinación de tareas de inteligencia (D2) y represión entre fuerzas provinciales, federales y militares, y el sistemático "descabezamiento" de liderazgos sociales y políticos, que culminó con la desaparición del exgobernador Miguel Ragone. El contexto se describe como una época de amenazas constantes a funcionarios judiciales y abogados defensores, donde el secuestro de Ragone funcionó como un mensaje de impunidad absoluta.
En esta sesión, los testimonios se articulan a través de dos actores fundamentales que impulsaron la búsqueda de justicia:
Marcelo López Arias: Exjuez de instrucción (quien renunció el día del golpe) y primer abogado de la familia Ragone en la causa. Su principal aporte consiste en describir la parálisis judicial por temor y el control total que Guil y Gentil ejercían sobre la provincia, afirmando que "en Salta no se movía ni una mosca" sin su conocimiento. Además, relata cómo gestionó el testimonio del exoficial Víctor Hugo Vilte, quien, motivado por un resentimiento tras ser exonerado, confesó haber actuado como "campana" (vigía) durante el secuestro de Ragone.
Oscar Pedro Guillén: Exsecretario de Derechos Humanos de Salta (2003-2007). Su contribución se centra en la reivindicación institucional de la figura de Ragone mediante investigaciones y producciones audiovisuales. Aporta detalles cruciales sobre la reunión en la que participó junto a Vilte, validando el acta donde el exoficial detalló que el cuerpo del gobernador fue trasladado hacia el dique Cabra Corral, mencionando la presencia de Joaquín Guil y otros efectivos en el operativo final.
Este resumen introduce el análisis de cómo el aparato represivo utilizó tanto la fuerza operativa como la inteligencia policial para eliminar a un líder popular y silenciar a quienes intentaron investigar el crimen en los años posteriores.
Día 13, Cámara testigo
La presente jornada de la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción del clima de violencia política y represión sistemática que precedió al golpe de Estado de 1976 en Salta. El contexto se define por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría, la actuación de la Triple A como prolegómeno del genocidio y las fracturas internas del peronismo que aislaron al gobernador Miguel Ragone. Las dimensiones abordadas incluyen la estrategia de inteligencia paraestatal para desacreditar movimientos populares, el control operativo absoluto de la policía provincial y la parálisis del sistema judicial debido al terror imperante.
Entre los actores clave mencionados destacan los represores Joaquín Guil y Miguel Raúl Gentil, señalados por ostentar un poder total en la provincia; el exministro José López Rega como jefe de la Triple A; y el diplomático estadounidense Robert Hill, vinculado a la génesis de organizaciones paramilitares en la región.
La jornada cuenta con los testimonios fundamentales de los siguientes testigos:
Roberto Cirilo Perdía: Exconducción de la organización Montoneros. Su aporte principal radica en contextualizar al gobierno de Ragone como un "gobierno amigo" de la tendencia revolucionaria y en desmentir categóricamente la autoría de Montoneros en el secuestro del gobernador. Caracteriza el comunicado atribuido a su organización como una "puesta en escena" de los servicios de inteligencia para desacreditar la lucha popular, similar a los casos de las monjas francesas y el padre Mugica.
Marcelo López Arias: Exjuez de instrucción y primer abogado de la familia Ragone. Su testimonio es crucial para describir la sensación de temor y la ineficacia judicial de la época, subrayando que en Salta "no se movía ni una mosca" sin el conocimiento de Guil y Gentil. Además, relata cómo facilitó el testimonio de Víctor Hugo Vilte, un exoficial que confesó haber actuado como "campana" durante el operativo de secuestro.
Oscar Pedro Guillén: Exsecretario de Derechos Humanos de Salta. Su contribución se centra en la reivindicación institucional de Ragone y en la validación del acta testimonial de Víctor Hugo Vilte ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Confirma que Vilte identificó a Ragone como el "objetivo" y señaló la presencia de Joaquín Guil en el lugar donde el cuerpo habría sido ultimado y posteriormente arrojado al dique Cabra Corral.
Este conjunto de declaraciones permite analizar el secuestro y desaparición de Ragone no solo como un acto criminal, sino como una operación política y militar coordinada para descabezar un liderazgo social con alto compromiso hacia los sectores más humildes.
La presente jornada testimonial en la Causa Ragone reconstruye el proceso de deterioro institucional y violencia política en Salta entre 1973 y 1976, centrando su análisis en la pujas internas del peronismo, el desmantelamiento fallido del aparato represivo policial y la complicidad judicial. El contexto está marcado por la transición de un gobierno de corte popular hacia la intervención federal y la subordinación de las fuerzas de seguridad al mando militar, en un clima de persecución sistemática contra la "tendencia" y colaboradores del gobernador Miguel Ragone. Entre los actores mencionados destacan los acusados Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil y Luciano Benjamín Menéndez, así como figuras políticas y sindicales de la época como Bravo Herrera y el actual legislador Manuel Santiago Godoy.
La jornada cuenta con los aportes fundamentales de dos testigos clave:
Rubén Fortuny: Hijo del asesinado Jefe de Policía Antonio Rubén Fortuny, su testimonio detalla el intento de su padre por transformar la policía en una fuerza civil no represiva, lo que provocó el enfrentamiento con la "banda de los comisarios". Aporta un relato directo sobre el asesinato de su progenitor a manos de Emilio Pavicevic y describe el asedio previo al secuestro de Ragone, subrayando que la eliminación de su padre y el gobernador fueron parte de un mismo plan de sectores de derecha y fuerzas armadas.
Víctor Hugo Elías: Exmilitante y quien impulsó la reapertura de la causa en 2004, su contribución se centra en las irregularidades judiciales cometidas por el exjuez Lona, a quien acusa de ocultar pruebas y proteger a los responsables. Además, identifica a agentes de inteligencia del Ejército, como Eduardo Rebecchi y Eduardo Stelliano, como participantes directos en el secuestro de Ragone, y denuncia las presiones políticas contemporáneas sufridas para abandonar la investigación.
Estos testimonios permiten analizar el secuestro de Ragone no como un evento aislado, sino como la culminación de un operativo diseñado para erradicar un proyecto político progresista mediante el terror y la impunidad judicial.
Por la tarde
Día 11, Parte 02
Esta jornada de la Causa Ragone se sitúa en el convulso escenario político de Salta entre 1973 y 1976, analizando la transición desde un gobierno popular hacia la instauración del terrorismo de Estado. Las dimensiones abordadas incluyen las fracturas ideológicas internas del peronismo, la conformación de estructuras represivas como la "banda de los comisarios" y su posterior subordinación a la inteligencia militar, así como el papel de los medios de comunicación y sectores empresariales en la desestabilización del gobernador Miguel Ragone. Entre los actores clave mencionados destacan los represores Joaquín Guil y Miguel Raúl Gentil, el jefe de inteligencia militar Teniente Coronel Guiñazú, y figuras de la oposición política y mediática como Roberto Romero.
La jornada se articula a través de dos testimonios fundamentales:
Víctor Hugo Elías: Exmilitante que ofrece una detallada reconstrucción de la estructura operativa y de inteligencia detrás del secuestro. Su principal aporte es la identificación de la cadena de mando que vincula a la policía provincial con el Ejército bajo la conducción de Guiñazú, además de aportar información sobre el posible centro clandestino "La Ollada" en Moldes, donde habrían ocultado el cuerpo del gobernador. También documenta el asedio previo a través de listas de persecución y atentados contra colaboradores del mandatario.
Armando Jaime: Referente histórico de la "Lista Verde", cuya declaración contextualiza el surgimiento de la figura de Ragone como un líder popular enfrentado a los sectores conservadores y terratenientes del justicialismo salteño (como la familia Cornejo Isasmendi). Su aporte es crucial para entender la genealogía de la violencia, relatando cómo Joaquín Guil ya ejercía una represión sistemática años antes del golpe, manifestada en hechos como la persecución durante la "huelga de canillitas" y los violentos allanamientos ilegales contra activistas políticos.
Estos testimonios permiten caracterizar el crimen de Ragone como el resultado de una acción coordinada entre el poder militar, la ineficacia policial deliberada y una campaña de desprestigio civil.
Por la mañana
Día 11, Cámara testigo, Parte 01
La presente jornada testimonial en la Causa Ragone reconstruye el proceso de deterioro institucional y violencia política en Salta entre 1973 y 1976, centrando su análisis en las pujas internas del peronismo, el desmantelamiento de los intentos por civilizar la fuerza policial y la consolidación de un aparato represivo coordinado por la inteligencia militar. El contexto está marcado por el asedio al gobierno popular de Miguel Ragone, la intervención federal de la provincia y la actuación de la denominada "banda de los comisarios", que operó en connivencia con sectores de la extrema derecha y el Ejército antes del golpe de Estado. Entre los actores mencionados destacan figuras del ámbito represivo como Joaquín Guil, Miguel Raúl Gentil y el teniente coronel Vicente, así como actores políticos y judiciales envueltos en presiones y omisiones, incluyendo al exjuez Lona y al actual legislador Manuel Santiago Godoy.
La jornada se articula a través de los aportes de dos testigos fundamentales:
Rubén Fortuny: Hijo del asesinado Jefe de Policía Antonio Rubén Fortuny, su testimonio detalla el proyecto de su padre para normalizar la relación entre la policía y la sociedad, alejándola del rol represivo de gobiernos de facto anteriores. Su principal aporte consiste en documentar cómo este intento de reforma provocó el enfrentamiento con los sectores más duros de la fuerza, resultando en el asesinato de su padre en noviembre de 1973, un hecho que describe como el preámbulo del aislamiento y posterior secuestro de Ragone.
Víctor Hugo Elías: Exmilitante y pieza clave en la reapertura de la causa en 2004, su declaración se enfoca en la investigación de las estructuras de inteligencia. Su aporte más significativo es la identificación de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, como Eduardo Rebecchi y el capitán Eduardo Stelliano, señalándolos como participantes directos en el operativo contra el gobernador. Además, denuncia las maniobras de encubrimiento judicial y las presiones políticas contemporáneas que buscaron desplazar a los querellantes y silenciar los avances del juicio.
Este conjunto testimonial permite analizar el secuestro de Ragone no como un hecho aislado, sino como la culminación de un plan sistemático para erradicar a los sectores progresistas de Salta mediante el terrorismo de Estado.
Por la tarde
Día 11, Cámara testigo, Parte 02
Esta jornada testimonial de la Causa Ragone constituye una pieza fundamental para comprender la genealogía de la violencia política en Salta durante los años 70, antesala del secuestro y desaparición del exgobernador,. El análisis se centra en tres dimensiones críticas: la fractura ideológica dentro del movimiento peronista (enfrentando a la "Lista Verde" reformista contra sectores corporativistas), el uso de la fuerza policial como herramienta de represión para-estatal y el conflicto entre el sindicalismo combativo y los intereses empresariales representados por el diario El Tribuno,,,. El contexto está marcado por una creciente agitación política donde el doctor Miguel Ragone emerge como una figura de consenso popular, pero bajo el asedio constante de sectores de la derecha,.
Entre los actores clave mencionados destacan el propio Miguel Ragone, caracterizado como un líder con posiciones avanzadas y programas de reforma social; el comisario Joaquín Guil, señalado como el principal ejecutor de la violencia policial; y Roberto Romero, asociado a la patronal de prensa y a las campañas de desprestigio contra el sector reformista,,,.
El testimonio central es brindado por:
Armando Jaime: Referente histórico de la Lista Verde y estrecho colaborador de Ragone. Su principal aporte es la descripción detallada de cómo se gestó la persecución política en la provincia,. Jaime documenta la "conducta criminal" de la policía dirigida por Joaquín Guil, relatando diversos allanamientos ilegales y golpizas sufridas por militantes y jóvenes "canillitas" durante huelgas sindicales,,. Asimismo, revela el rol de Ragone como asesor legal de los sindicatos en conflicto con Romero, vinculando este apoyo a los sectores trabajadores con el odio político que culminaría en su eliminación,,.
Este resumen permite identificar que el secuestro del gobernador no fue un evento fortuito, sino el resultado de un plan sistemático de represión que ya operaba años antes del golpe de 1976.
La presente jornada testimonial en el marco de la Causa Ragone se centra en el análisis del complejo escenario político y social de Salta entre 1972 y 1976, un periodo caracterizado por la violencia institucional y la fractura ideológica. Las dimensiones abordadas incluyen las disputas internas del movimiento peronista, la transición del control policial hacia mandos militares y la implementación de una estrategia de "demonización" mediática y política contra el gobernador Miguel Ragone. Entre los actores mencionados destacan figuras del sindicalismo de derecha, autoridades policiales como Joaquín Guil, y sectores empresariales vinculados a medios de comunicación como Roberto Romero.
El testimonio principal es aportado por un colaborador cercano y seguidor de Ragone, Gregorio Caro Figueroa, hijo de quien fuera el delegado reorganizador del Partido Justicialista en 1971. Su aporte resulta fundamental por dos razones:
Documentación de la intoxicación mediática: Describe detalladamente cómo se utilizó la prensa para vincular falsamente a Ragone con grupos violentos y el marxismo, creando un clima de "duda sistemática" que facilitó su aislamiento político.
Contexto de la represión: Ofrece un relato directo sobre el asedio al entorno del gobernador, la ineficacia deliberada de las fuerzas de seguridad y la existencia de listas de captura que incluían a funcionarios y militantes, evidenciando el accionar de grupos paramilitares y el aparato represivo previo al golpe de 1976.
Este testimonio permite comprender el secuestro de Ragone no como un hecho aislado, sino como el resultado de una operación política y operativa diseñada para desplazar a un mandatario percibido como un obstáculo por los sectores más conservadores y militares de la época.
Cámara testigo, día 10, parte 02
Por la tarde
Esta jornada de testimonios en la Causa Ragone se centra en la reconstrucción técnica y vivencial del operativo de secuestro del exgobernador Miguel Ragone, ocurrido la mañana del 11 de marzo de 1976 en la calle del Milagro, Salta. El contexto se define por una violencia política explícita ejecutada a plena luz del día, caracterizada por el uso de armamento pesado y una logística de interceptación vehicular en una zona residencial habitualmente tranquila. Las dimensiones analizadas abarcan desde la mecánica del asalto armado y el secuestro de la víctima, hasta la asistencia a los heridos civiles y la posterior intervención de las fuerzas de seguridad, marcada por la desconfianza y el temor de los testigos.
Entre los actores mencionados se encuentran los atacantes (descritos como jóvenes con apariencia policial o militar), el personal policial que custodiaba la zona y las víctimas directas y colaterales, como el "almacenero" y una mujer herida durante el tiroteo.
Los testimonios presentados ofrecen dos perspectivas fundamentales:
Testigo 1 (Empleada de panificadora): Aporta una visión desde la actividad comercial del sector. Su principal contribución es la descripción de la huida de los vehículos a gran velocidad tras las detonaciones y el hallazgo de un vecino (aparentemente el almacenero Arredez) tendido en el suelo tras el ataque. Detalla además la presencia previa de custodia policial en la esquina, que pareció no intervenir durante el suceso.
Testigo 2 (Médico residente en la zona): Su testimonio es central por la precisión técnica y la proximidad a los hechos. Describe cómo el vehículo del "doctor" (Ragone) fue interceptado por un automóvil azul y cómo los atacantes, tras un intenso tiroteo, trasladaron un cuerpo inerte al asiento trasero de uno de sus vehículos antes de huir. Su aporte más significativo, además de la descripción del secuestro, es el relato de la asistencia médica que brindó a una transeúnte herida y su posterior traslado a una dependencia policial, donde percibió un ambiente de intimidación y falta de protocolos claros en la toma de su declaración.
Este conjunto de evidencias permite analizar la ineficacia o complicidad policial y el impacto traumático que el terrorismo de Estado generó en la sociedad civil antes del golpe de marzo de 1976.
La jornada testimonial en el marco de la Causa Ragone aborda la desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, centrándose en dos dimensiones críticas: el accionar policial durante los operativos de búsqueda y el tenso clima político de la época marcado por fracturas internas en el peronismo. El contexto se sitúa a mediados de la década de 1970, un periodo de extrema violencia política donde convergían disputas ideológicas entre sectores de derecha e izquierda, así como la subordinación de las fuerzas policiales al mando militar. Entre los actores mencionados destacan figuras de la seguridad provincial, líderes sindicales y políticos opositores como Roberto Romero, señalados por participar en campañas de desprestigio contra el mandatario.
En esta sesión, los testimonios de Guaymas y Jesús Pérez ofrecen perspectivas complementarias:
Guaymas, quien se desempeñaba como Comisario Mayor en 1976, aporta detalles sobre la estructura y los procedimientos de la Policía de Salta tras el secuestro. Su declaración se enfoca en la implementación de controles vehiculares sorpresivos y requisas domiciliarias, aunque reconoce que con el tiempo la intensidad de la búsqueda disminuyó, priorizando la vigilancia en rutas sobre la investigación profunda en viviendas.
Jesús Pérez, colaborador cercano y amigo personal de Ragone, proporciona un análisis del entorno político hostil que rodeaba al gobernador. Su principal aporte es el relato de las persecuciones, amenazas y atentados (incluyendo uno con explosivos contra su propia persona) que sufrieron los allegados al mandatario, vinculando estos hechos a la "lucha ideológica" y al asedio de grupos como la lista "Azul y Blanca" de Reconquista.
Este resumen sirve de base para analizar cómo la ineficacia operativa de la fuerza de seguridad y la conspiración política interna facilitaron el escenario para el crimen de Estado investigado.
Día 09, Cámara testigo, parte 02
Por la tarde
La jornada testimonial analizada se sitúa en el complejo escenario político de Salta entre 1973 y 1976, un periodo marcado por la intervención federal de noviembre de 1974 y el incremento de la violencia institucional previo al golpe de Estado. Las dimensiones centrales abordadas incluyen las profundas fracturas ideológicas dentro del movimiento peronista (enfrentando a la "tendencia" con sectores de derecha y sindicales), la subordinación de la policía provincial a los mandos militares para tareas de "aniquilación" y la campaña de demonización sistemática contra el gobernador Miguel Ragone. Entre los actores clave mencionados figuran el Coronel Vivanco, señalado por transgresiones a los derechos humanos; Joaquín Guil, vinculado a la persecución política; y figuras como Roberto Romero, asociado a las presiones contra el mandatario.
El testigo principal de esta sesión, Jesús Pérez, quien fuera un colaborador estrecho y amigo personal de Ragone, ofrece un relato detallado sobre el asedio y la persecución que sufrió el entorno gubernamental. Su principal aporte consiste en documentar el clima de terror y los ataques concretos, como el atentado con explosivos que él mismo sufrió en mayo de 1975, y su firme convicción sobre la complicidad policial en el secuestro del gobernador. Pérez describe a Ragone como un "mártir" sometido a una presión insoportable por parte de "fuerzas oscuras" que utilizaron tanto la ineficacia operativa como la desinformación mediática para encubrir el crimen y desorientar a la población.
La jornada judicial del 21 de abril de 2011, correspondiente a la denominada "Causa Ragone" (Expediente Nº 3115/09), se centró en la recepción de testimonios para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de homicidio y lesiones cometidos en marzo de 1976. El contexto del debate involucra a una cúpula de ocho imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil y Carlos Alberto Mulhall, señalados como responsables del aparato represivo que actuó contra el exgobernador Miguel Ragone, Santiago Arredes y Margarita Martínez de Leal.
Dentro de las principales dimensiones abordadas en la sesión, destacan:
La reconstrucción del entorno del ataque: A través del testimonio de Magdalena Aguirre, quien residía en el predio de la empresa constructora TELAM, se describió el clima de terror inmediato tras el operativo. La testigo relató haber escuchado gritos de dolor y haber visto a Margarita Martínez de Leal herida en un brazo, resaltando una atmósfera social donde "no se preguntaba nada" debido a las pautas de conducta de la época.
Irregularidades en la documentación policial: Una dimensión crítica fue la comparecencia del exoficial Marcial Liendro, quien prestó servicios en la custodia de la gobernación. El debate se enfocó en una contradicción documental: Liendro negó haber estado de guardia en el Hospital San Bernardo el día de los hechos, a pesar de que su nombre aparece en las actas policiales como el efectivo que informó telefónicamente sobre el ingreso de las víctimas.
Gestión de la memoria y publicidad del juicio: Se registró la negativa de algunos testigos, como Juan Carlos Sánchez y el propio Liendro, a que sus declaraciones fueran filmadas por el equipo del INCAA que documenta el proceso, lo que añade una capa de análisis sobre la privacidad y el registro histórico de los juicios de lesa humanidad.
Los actores clave mencionados incluyeron a los testigos Aguirre y Liendro, a las víctimas sobrevivientes y a los imputados del escalafón militar y policial, cuya jerarquía fue ratificada por los declarantes durante el interrogatorio. La jornada matutina concluyó con un cuarto intermedio tras citar al testigo Alfredo Cuevas.
Día 8, parte 02
Por la mañana
Esta introducción resume la jornada judicial del 21 de abril de 2011 en el marco de la "Causa Ragone", proceso que investiga el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El contexto de los hechos se sitúa en marzo de 1976, bajo una estructura represiva donde la policía de Salta operaba bajo el control operacional del Ejército Argentino en un plan sistemático de exterminio.
Las principales dimensiones abordadas en esta jornada incluyen:
Cadena de mando y protocolos policiales: A través del testimonio de Alfredo Cuevas, se analizó el funcionamiento del "Comando Radioeléctrico" y su dependencia directa de la Dirección de Seguridad liderada por Joaquín Guil. Se discutieron los protocolos de comunicación de ilícitos de relevancia y la estructura de los departamentos policiales (D1 a D5), haciendo énfasis en el D2 (Informaciones) encargado de tareas de inteligencia.
Hallazgo del vehículo y evidencia física: El testimonio del exefectivo Cruz fue crucial para reconstruir el hallazgo del Peugeot 504 de Ragone en Cerrillos la mañana del 11 de marzo. El vehículo presentaba manchas de sangre fresca en el asiento delantero, un zapato tipo mocasín y restos de pintura roja, evidencia del choque provocado durante el secuestro.
Logística represiva y persecución: Se abordaron menciones a la "Guardia del Monte" y al uso de armamento específico (como ametralladoras) en zonas como el Dique Cabra Corral, donde testigos escucharon ráfagas y disparos la noche del operativo.
Los actores clave mencionados incluyen a los imputados Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Gentil, Carlos Mulhall y Joaquín Guil, señalados como los responsables de impartir y coordinar las órdenes represivas. En el plano testimonial, destacaron los relatos de los entonces policías Cuevas y Cruz, y del civil Morales, cuyas declaraciones expusieron la connivencia institucional y las irregularidades en la investigación inicial del crimen.
Día 8, parte 03
Por la tarde
La presente jornada judicial, celebrada el 21 de abril de 2011 en el marco de la "Causa Ragone", se centra en la reconstrucción de los movimientos logísticos inmediatamente posteriores al secuestro del exgobernador Miguel Ragone el 11 de marzo de 1976,. El contexto de la audiencia se define por la investigación de un aparato represivo coordinado en la provincia de Salta, donde efectivos policiales de baja jerarquía operaban en puntos estratégicos bajo una cadena de mando militarizada.
Dentro de las principales dimensiones abordadas en esta sesión, destacan:
El hallazgo del vehículo y la evidencia física: A través del testimonio del exegente Carabajal, se detalló el abandono de un automóvil en las cercanías del matadero municipal de Cerrillos,. Un eje crítico del análisis es la presencia de "sangre adentro" del vehículo (específicamente en el piso, cerca del volante), observada por el testigo alrededor de las 9:00 de la mañana,,.
La conducta y omisión policial: Una dimensión analítica central es la aparente falta de sospecha o acción de los funcionarios policiales frente a evidencias criminales flagrantes. El testigo afirmó que, a pesar de ver la sangre y un intercambio de personas entre vehículos, no reportó el hecho de inmediato por considerarlo algo habitual en la zona, lo que trasluce la normalización de la violencia o la posible connivencia institucional,.
La estructura de mando y la memoria: El interrogatorio subrayó la jerarquía de la época, mencionando a Joaquín Guil como Director de Seguridad,. Asimismo, la jornada estuvo marcada por la reticencia y los constantes "no recuerdo" del declarante ante preguntas sobre sanciones disciplinarias o superiores directos, lo que motivó advertencias del Tribunal sobre las penas por falso testimonio y ocultamiento,,.
Los actores clave mencionados incluyen al testigo Carabajal, al oficial Luis Cruz (quien se encontraba en la mesa de entradas de la comisaría) y a figuras de la cúpula procesada como Joaquín Guil,,.
La jornada judicial analizada se inserta en la Causa Ragone, proceso que investiga crímenes de lesa humanidad como el secuestro del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El contexto de la audiencia estuvo marcado por la reconstrucción de la logística represiva y la atención médica de las víctimas tras el operativo del 11 de marzo de 1976.
Entre las principales dimensiones abordadas, destaca el testimonio de un médico de guardia del Hospital San Bernardo, quien describió la intervención quirúrgica a una paciente con herida de bala y la constante presencia de guardias policiales que monitoreaban los ingresos y realizaban averiguaciones administrativas en el nosocomio. Otra dimensión crítica fue la declaración de Héctor Damián Mendoza, quien afirmó haber recibido información anticipada de un "comando de Córdoba" sobre el operativo contra Ragone, a quien intentó advertir personalmente antes del hecho.
Los actores clave mencionados incluyen a los imputados de la cúpula militar y policial (Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Gentil, Carlos Mulhall y Joaquín Guil), así como a figuras del entorno de las víctimas y la comunidad, como el sacerdote Escobar Saravia y militares cuya identidad el testigo se reservó. Un eje central de tensión en la jornada fue el debate sobre el falso testimonio y el juramento de silencio, derivado de la negativa sistemática de Mendoza a revelar la identidad de su informante militar, alegando razones de lealtad personal y protección. Finalmente, la sesión puso de relieve el clima de amenazas y persecución que sufrieron los testigos y el entorno del exgobernador incluso años después del secuestro.
Cámara Testigo. Parte 02 día 07
Por la tarde
La jornada judicial analizada, correspondiente al testimonio de Juan Carlos Villamayor el 20 de abril de 2011, se sitúa en el marco de la "Causa Ragone", que investiga el plan sistemático de exterminio y la desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, en marzo de 1976. El contexto histórico se define por la transición de un gobierno constitucional a la dictadura militar, caracterizado por un clima de violencia política, amenazas y persecución donde la vida de los ciudadanos era determinada por estructuras represivas estatales y paraestatales.
Dentro de las principales dimensiones abordadas en el testimonio, destacan:
La legitimidad política y el asedio: El testigo enfatiza que Ragone fue el candidato elegido por la voluntad expresa de Juan Domingo Perón. No obstante, sufrió un hostigamiento constante por parte de sectores internos ("presupuestívoros") y de la llamada "patria sindical", quienes lo marcaron y difamaron mediáticamente antes de su eliminación.
La advertencia del crimen: Una dimensión crítica es la revelación de las advertencias recibidas por el testigo. Figuras como el entonces jefe de policía, Miguel Raúl Gentil, le habrían manifestado que si Ragone no presentaba su renuncia, era un "hombre muerto". Se detalla la existencia de una misión "macabra" para forzar su retiro de la actividad política bajo amenaza de muerte.
La logística y el consorcio criminal: El relato vincula la coordinación entre la policía de Salta, el Ejército y sectores sindicales que disponían de armamento pesado. Se menciona la subordinación de las fuerzas policiales al control militar (como el teniente coronel Guiñazú) y la manipulación de la estructura institucional para facilitar el operativo de secuestro.
Los actores clave mencionados incluyen a los imputados Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Gentil, Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Guil, Andrés Soraire y Jorge Héctor Zanetto. En el entorno de la víctima, se destaca el papel de Villamayor como secretario de prensa y depositario del pensamiento de Ragone, así como la mención de figuras políticas nacionales como Isabel Perón y diversos dirigentes sindicales involucrados en la pugna interna del peronismo de la época.
Parte 02, día 07
La jornada judicial del 20 de abril de 2011 en el marco de la Causa Ragone se centró principalmente en la continuación del testimonio de Héctor Mendoza, cuya declaración generó una fuerte tensión procesal respecto a la veracidad y origen de la información sobre el secuestro del exgobernador. El contexto de la audiencia estuvo definido por la reconstrucción de la inteligencia previa al operativo del 11 de marzo de 1976 y la identificación de las redes de información que operaban en Salta en aquel periodo.
Dentro de las principales dimensiones abordadas, destacan:
Inteligencia y advertencia del crimen: Mendoza ratificó haber recibido información de un militar de Córdoba sobre el operativo inminente contra Miguel Ragone, mencionando específicamente la llegada de "comandos" y el uso de un "Chevy rojo" para el secuestro.
Contradicciones y reticencia del testigo: Un eje central de la jornada fue el debate sobre la fiabilidad de Mendoza, quien se negó sistemáticamente a revelar la identidad de su informante militar alegando un juramento de silencio. La defensa señaló contradicciones con declaraciones previas donde el testigo habría mencionado a sacerdotes como sus fuentes de información.
Vínculos sociales e institucionales: Se exploró la relación entre la víctima y otros actores en espacios sociales como el club de riña de gallos, mencionando al sacerdote Escobar Saravia (vinculado al Ejército) como alguien que poseía información sobre el destino de Ragone a través de figuras judiciales como el Dr. Lona.
Salud y medidas procesales: Ante el estado de nerviosismo del testigo y las inconsistencias señaladas, el Tribunal ordenó una revisión médica para Mendoza y postergó un careo solicitado por la defensa para una etapa posterior.
Los actores clave mencionados incluyen a los testigos Mendoza y Juan Carlos Villamayor (quien declaró tras un cambio en el orden del día), a las víctimas Miguel Ragone, Santiago Arredes y Margarita Martínez de Leal, y a figuras de la cúpula represiva e institucional como Miguel Raúl Gentil, el sacerdote Escobar Saravia y el juez Lona.
