Día 15, Cámara testigo, Parte 1 de 3
Por la mañana
La presente jornada testimonial de la Causa Ragone se centra en la reestructuración institucional y la normalización de la Policía de Salta entre finales de 1978 y 1981, tras un periodo de profunda irregularidad y control represivo. Las dimensiones analizadas abarcan desde la profesionalización intelectual del personal mediante convenios con la Universidad Nacional de Salta, hasta la creación de la comisaría del menor y la incorporación de personal femenino a la fuerza. El contexto se sitúa en la etapa de transición de mandos policiales bajo la órbita militar, donde todavía persistía un control estricto de personas por razones ideológicas a través de la "comunidad informativa" y el departamento de inteligencia.
Entre los actores mencionados destacan los integrantes de la cúpula policial anterior, específicamente Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, quienes son señalados por su implicación en sumarios administrativos y el manejo irregular de fondos y actividades en el Centro Policial.
El aporte principal proviene del testigo que ejerció como Jefe de Policía de Salta durante el periodo 1979-1981 (designado originalmente a fines de 1978), quien detalla cómo utilizó una investigación por corrupción interna para desplazar a la cúpula de Gentil y Guil. Su testimonio revela que:
- Existía un sistema de "sumario administrativo" que involucraba a la plana mayor en el canje de entradas de fútbol por la anulación de infracciones, lo cual sirvió como base para forzar una "salida decorosa" de los mandos cuestionados.
- A pesar de sus esfuerzos por modernizar la fuerza, reconoce que el control de la información y la "lucha contra la subversión" seguían siendo tareas operativas coordinadas por la policía provincial bajo directivas superiores.
- Menciona haber guardado copias de estos sumarios como precaución personal, lo que permite documentar las irregularidades y la falta de idoneidad de quienes dirigieron la represión en los años previos.
Esta introducción permite analizar cómo la estructura de poder que facilitó el crimen de Ragone fue parcialmente desarticulada por razones de corrupción interna, mientras se mantenían activos los mecanismos de vigilancia estatal.
Día 15, Cámara testigo, Parte 2 de 3
La presente jornada de la Causa Ragone ofrece una mirada profunda a la construcción política y técnica del gobierno de Miguel Ragone en Salta (1973-1976) y su posterior desestabilización mediante la violencia institucional. Las dimensiones centrales abordadas incluyen la planificación de políticas sociales a través del "Comando Tecnológico", el intento de humanización de la fuerza policial y la creciente hostilidad de los sectores de la derecha peronista y empresarial. El contexto se sitúa en un periodo de alta polarización, marcado por el asesinato de José Ignacio Rucci a nivel nacional y el "Navabrazo" en Salta, eventos que precipitaron el asedio físico y político al gobernador.
Entre los actores clave mencionados destacan el gobernador Miguel Ragone, el jefe de policía reformista Antonio Rubén Fortuny, y los ejecutores del aparato represivo Joaquín Guil y Miguel Raúl Gentil. Asimismo, se señala el rol opositor de Roberto Romero desde el ámbito mediático y la presencia del general Luciano Benjamín Menéndez en la fase final de la intervención.
El testimonio principal de esta sesión es aportado por:
- Néstor Antonio Spinetti: Colaborador estrecho, técnico y amigo personal de Ragone. Su principal aporte consiste en la reconstrucción del proyecto político-técnico del gobierno, detallando cómo se buscó integrar al vecindario en la gestión municipal y transformar a la policía en una institución defensora de los derechos humanos bajo la gestión de Fortuny.
- Spinetti brinda un relato crucial sobre la insurrección de septiembre de 1973, describiendo cómo Ragone permaneció firme en su despacho mientras sectores sindicalistas y policiales intentaban tomar la Casa de Gobierno por la fuerza. Además, documenta la mecánica de aislamiento impuesta desde el gobierno nacional mediante órdenes de "depuración" ideológica y la posterior persecución de la Triple A, vinculando estos hechos con el plan sistemático que culminaría en el secuestro del mandatario.
Este resumen permite analizar cómo la gestión de Ragone fue cercada no solo operativamente por las fuerzas de seguridad, sino también mediante un vaciamiento político y mediático diseñado para facilitar el golpe final.
Día 15, Cámara testigo, Parte 2 de 3
Esta jornada de la Causa Ragone profundiza en la reconstrucción del clima de violencia institucional y persecución política que imperó en Salta entre finales de los años 60 y mediados de los 70, periodo que culminó con la desaparición del exgobernador. Las dimensiones abordadas incluyen la articulación de la "comunidad informativa" —donde convergían servicios de inteligencia militares, federales y provinciales—, el accionar del "comando sindical de represión" y las intensas pujas internas del peronismo que buscaron aislar y forzar la renuncia de Miguel Ragone. El contexto está marcado por el Operativo Independencia y un estado de excepción donde las fuerzas de seguridad disponían arbitrariamente de la vida de los ciudadanos.
Entre los actores clave mencionados destacan el propio Miguel Ragone, asediado por sectores de la derecha; Joaquín Guil, señalado como el "hombre fuerte" del aparato represivo policial; el Teniente Coronel Guiñazú, vinculado a la inteligencia militar; y Miguel Raúl Gentil, jefe policial durante el periodo crítico.
El testimonio central de esta sesión es aportado por:
- Néstor Antonio Spinetti (referido como "Ingeniero"): Antiguo colaborador y secretario de prensa, quien ofrece un relato detallado sobre el proceso de desestabilización del gobierno. Su principal aporte consiste en documentar las sucesivas amenazas y presiones para que Ragone abandonara su cargo, detallando incluso la existencia de un "paquete" con la renuncia ya preparada por sectores opositores. Además, Spinetti describe la operatividad de la inteligencia policial, mencionando misiones especiales de oficiales disfrazados y el control absoluto que ejercían figuras como Joaquín Guil sobre la seguridad y el destino de los detenidos políticos.
Este conjunto de evidencias permite analizar el secuestro de Ragone como la culminación de un plan de "aniquilamiento" político y físico ejecutado por una estructura paraestatal y militar coordinada.
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