Por la mañana
Contexto Histórico e Institucional
El caso se sitúa en un periodo de represión sistemática e
ilegal que comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En la
provincia de Salta, este contexto estuvo marcado por la intervención federal
del gobierno constitucional de Ragone en 1974 y la posterior subordinación
funcional de las fuerzas policiales al control del Ejército Argentino. Los
crímenes se ejecutaron bajo la doctrina de la Seguridad Nacional,
orientada a "aniquilar" el accionar de elementos considerados
subversivos mediante un aparato estatal que operaba al margen de la legalidad.
Actores Clave del Proceso
La jornada identifica una estructura jerárquica de
responsabilidades dividida en distintos niveles de participación:
- Autores
Mediatos: Figuras de alto rango militar como Luciano Benjamín
Menéndez (Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército), Carlos Alberto
Mulhall y Miguel Raúl Gentil, quienes habrían tenido el dominio
del hecho a través de estructuras organizadas de poder.
- Ejecutores
y Partícipes: Se menciona a Joaquín Guil como coordinador
logístico y a Andrés del Valle Soraire como autor directo de los
hechos.
- Encubridores:
Los agentes Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera,
acusados de omitir su deber de perseguir delincuentes al liberar la zona
del crimen.
- Víctimas:
El exgobernador Miguel Ragone (secuestrado y desaparecido), el
comerciante Santiago Catalino Arredes (asesinado al intentar ayudar
a Ragone) y Margarita Martínez de Leal (herida de bala).
Dimensiones Analíticas Abordadas
El análisis se centra en tres dimensiones fundamentales que
estructuran la acusación:
- Dimensión
Jurídica: La calificación de los hechos como crímenes de lesa
humanidad, lo que implica su imprescriptibilidad y la aplicación del
derecho internacional penal por encima del derecho interno.
- Dimensión
Operativa: La implementación de "zonas liberadas" y
el uso de recursos estatales (vehículos robados, armas de la fuerza) para
garantizar el éxito del operativo y la posterior impunidad de los autores.
- Dimensión
Política: La persecución de Ragone debido a su perfil ideológico y su
intención de retomar la actividad política, lo que lo convirtió en un
"objetivo" para los planes de las fuerzas armadas y sectores
paraestatales como la Triple A.
Este proceso judicial no solo busca sancionar a los
responsables individuales, sino también reconstruir el plan criminal que
permitió la desaparición forzada y el exterminio de opositores políticos en el
norte argentino.
Para entender el funcionamiento de este aparato represivo,
se puede pensar en él como una maquinaria de engranajes intercambiables;
donde las órdenes fluyen desde la cúpula y cada pieza, sin importar quién sea
el individuo específico, cumple una función automática que asegura que el
resultado final —el crimen— se ejecute sin riesgos para la organización.
Por la tarde
La jornada judicial analizada se centra en el plan
sistemático de exterminio implementado en 1976, en el marco del cual se
ejecutó el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, el Dr. Miguel
Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita
Martínez de Leal. El contexto histórico se define por la usurpación del
poder por el gobierno militar en Argentina y la coordinación de regímenes
dictatoriales en la región para aniquilar objetivos políticos mediante una
estructura represiva que operaba incluso antes del golpe de Estado.
Dentro de las principales dimensiones abordadas, se destaca
la logística criminal y la connivencia institucional entre las fuerzas
militares y policiales. Las fuentes describen un "consorcio
criminal" donde las órdenes emanadas por el Tercer Cuerpo del
Ejército, bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, fueron
ejecutadas por la policía de la provincia de Salta, liderada operativamente por
Joaquín Guil. Esta coordinación permitió la existencia de una "zona
liberada", el uso de armamento reglamentario y la posterior
manipulación de expedientes judiciales para garantizar la impunidad de los
autores.
Los actores clave mencionados en esta etapa del proceso
incluyen tanto a la cúpula militar y policial (Menéndez, Mulhall, Gentil y
Guil) como a imputados por roles secundarios de encubrimiento y coacción,
como los hermanos Pedro y Néstor Herrera, y Jorge Héctor Zanetto.
Un eje central de la jornada fue el debate jurídico sobre la prescripción de
la acción penal solicitado por las defensas de estos últimos, quienes
argumentan que sus conductas no constituyen crímenes de lesa humanidad. Por el
contrario, la fiscalía y las querellas sostienen la imprescriptibilidad de
estos delitos, dada su conexión inescindible con el plan sistemático de
persecución política del Estado.
Finalmente, la audiencia concluyó con la decisión del
tribunal de diferir el tratamiento de los planteos de prescripción para
el momento de la sentencia definitiva, reconociendo que la resolución de estos
puntos depende de las pruebas y hechos que se debatirán a lo largo del juicio
oral.
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