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| 1950 aprox. Hall del Hospital Cristofredo Jackob (Actual Hosp Ragone) |
En mayo de 1973, ‘El Otro País. La revista argentina editada en Salta’, entrevistó al Dr. Ragone en su casa del Pasaje
Incluye material documental sobre vida institucional del Gobernador Ragone de Salta, actividades de la Asociación Ragone, el Ateneo Ragone y el Movimiento 11 de marzo Ragone x Ragone.
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| 1950 aprox. Hall del Hospital Cristofredo Jackob (Actual Hosp Ragone) |
Dr. Miguel Ragone
Ex-gobernador de la provincia de Salta, desaparecido en período constitucional, días previos a la dictadura militar '76 - '83
Recuperar la memoria por la verdad y la justicia
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Ultima actualización
Mar, 18 Julio, 2006 |
RAGONE. Mártir de la democracia
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Derechos de autor:
Diseño e Impresión: Editorial AMERICAJ M, Leguizamón 1753 - Tel./Fax: (0387) 4217946 Salta - República Argentina Secretaría de Justicia y Derechos Humanos Gobierno de la Provincia de Salta |
El 3 de julio de 2006, Fernando Pequeño Ragone, nieto del
gobernador Miguel Ragone, se reunió por primera vez con el Dr. Abel Cornejo, el
juez a cargo de la causa por el asesinato de su abuelo. Este encuentro, constituye
un testimonio excepcional sobre las tensiones y desafíos que enfrentaba el
sistema judicial argentino en los albores de la reapertura de los juicios por
delitos de lesa humanidad.
Las notas de memoria de Fernando registran un momento
histórico peculiar: el nacimiento de una alianza estratégica entre un
magistrado sitiado por las estructuras judiciales conservadoras y un familiar
que había transitado del dolor privado hacia una militancia técnica y
pragmática. En aquella conversación se condensaban tres décadas de impunidad,
las esperanzas depositadas en el nuevo marco legal post-anulación de las leyes
de obediencia debida y punto final, y las resistencias de una élite local que, según
ambos interlocutores, seguía estructurando poder desde la dictadura.
El Dr. Cornejo se presentó ante Fernando como un hombre de
leyes cuya trayectoria profesional precedía al terrorismo de Estado, pero cuya
actuación presente estaba marcada por una lucha desigual contra los obstáculos
institucionales. Su descripción del juzgado revelaba una precariedad
estructural alarmante: falta de personal especializado, ausencia de
equipamiento informático básico, y la negativa sistemática de la Corte
provincial para crear una secretaría de Derechos Humanos que agilizara las
causas. Más grave aún, denunciaba que la Cámara de Apelaciones saboteaba
constantemente su labor, anulando resoluciones mediante tecnicismos procesales
y demorando años en resolver recursos simples, favoreciendo así la impunidad.
Esta denuncia del magistrado sobre los "vericuetos
procesales" empleados por las instancias superiores ilustra una realidad
que trasciende el caso particular: la existencia de resistencias sistémicas
dentro del propio Poder Judicial hacia la investigación de los crímenes de lesa
humanidad. El juez defendía su legitimidad rechazando las acusaciones de ser un
"juez de la dictadura", argumentando que su nombramiento había sido
democrático y que su compromiso actual era con la verdad histórica plasmada en
el expediente.
Por su parte, las notas de Fernando revelan una postura
marcadamente pragmática y estratégica. Consciente de que la causa se había
estancado anteriormente por diferencias ideológicas y lo que él consideraba la
"demagogia" de abogados previos como Daniel Tort, Fernando planteaba
la necesidad de fortalecer tanto al fiscal instructor —percibido como
"débil" y "maleable"— como al propio juez, para evitar que
la causa volviera a paralizarse. Su enfoque era claro: alejarse de victimizaciones
o posturas ideológicas que habían resultado contraproducentes, y concentrarse
en "cuidar el mecanismo institucional".
La estrategia de Fernando incluía una dimensión política
explícita. Proponía utilizar contactos de alto nivel —como el senador Marcelo
López Arias o incluso llegar a la entonces senadora Cristina Kirchner— para
garantizar recursos y apoyo nacional a la investigación en Salta. Esta apuesta
por la "dinámica política" y el contacto con el poder ejecutivo
nacional como motor de cambio contrastaba sutilmente con la visión más
escéptica del juez, quien advertía que, independientemente de la voluntad
política, eran los tiempos y las "trampas" del código de
procedimientos los que definirían el éxito o fracaso de la causa.
Además de la dimensión judicial, Fernando compartió con
Cornejo una reflexión más íntima: sostenía que el proceso judicial, más allá
del resultado final, funcionaba como una herramienta de sanación interna para
la familia tras treinta años de exclusión y silencio. Esta reconstitución
familiar a través del mecanismo judicial evidencia cómo, para muchas víctimas
del terrorismo de Estado, el proceso penal trasciende la función punitiva para
convertirse en un espacio de reparación simbólica y reconstrucción identitaria.
El encuentro también documentó divergencias menores pero
significativas entre ambos interlocutores. Mientras Fernando mostraba
curiosidad por una posible colaboración con otros magistrados como Lona o
Hansen, el juez Cornejo se mostraba más reservado, alertando sobre la
fragilidad que estos actores podían imponer al sistema. Esta diferencia de
perspectiva sobre los aliados potenciales dentro del Poder Judicial refleja la
complejidad del escenario: no todos los jueces estaban igualmente comprometidos
con el impulso de estas causas, y la evaluación de lealtades y confiabilidades
era un ejercicio constante de supervivencia procesal.
Desde la perspectiva actual, estas notas de memoria de
Fernando Pequeño Ragone resultan invaluables. Revelan las "costuras"
del sistema judicial en un momento de transición histórica: la soledad de
ciertos magistrados frente a estructuras jerárquicas conservadoras, la
transformación de los familiares de desaparecidos en estrategas jurídicos, y la
gestación de una infraestructura institucional —como las secretarías
especializadas— que hoy se dan por sentadas pero que fueron el resultado de
luchas concretas y cotidianas.
El primer encuentro entre Fernando y el Dr. Cornejo no fue,
entonces, una simple reunión protocolar entre querellante y magistrado. Fue el
inicio de una alianza estratégica donde ambos actores reconocían sus
respectivas vulnerabilidades y fortalezas: Fernando necesitaba un juez
comprometido y técnicamente sólido; Cornejo necesitaba querellantes que
validaran su actuación y presionaran por los recursos que el sistema le negaba.
Juntos, enfrentaban no solo la impunidad de los perpetradores directos de crímenes
atroces, sino también las resistencias de un entramado institucional que, aún
en democracia, protegía los privilegios heredados del terrorismo de Estado.
Estas memorias nos recuerdan que la justicia transicional no
se construye únicamente con leyes o decisiones políticas de alto nivel. Se teje
también en encuentros como este: en juzgados precarios, entre personas que
debieron aprender derecho procesal para poder reclamar verdad, y con
magistrados que eligieron defender su independencia aun a costa de enfrentar la
hostilidad de sus propios colegas. La reapertura de los juicios por delitos de
lesa humanidad fue, antes que un triunfo jurídico o político, el resultado de
estas alianzas frágiles, tensas y profundamente humanas.

RESOLUCIÓN CS Nº 065/06.-
VISTO estas actuaciones por las cuales la Coordinadora de Posgrado y Relaciones Internacionales, Dra. Ada Judith Franco, solicita se otorgue el Título de Doctor Honoris Causa de esta Universidad al Méd. Miguel RAGONE; y
CONSIDERANDO:
Que el Med. Miguel Ragone nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 25 de mayo de 1.921, radícándose en Salta cuando tenía 12 años. Desarrolló sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de nuestra ciudad donde egresó con el título de bachiller.
Que estudió la carrera de Medicina en la ciudad de Buenos Aires, especializándose en el área de la neurología, donde se vínculo al prestigioso especialista Raúl Matera y fue convocado por el Ministro de Salud, Ramón Carrillo, para que se desempeñara como Secretario Privado y colaborador en el Plan Nacional de Salud, al que aportó con los frutos de su sensibilidad creativa y la eficiencia de un sentido solidario.
Que fue el primer director del Hospital Neurosiquiátrico de Salta "Cristofredo Jakob" el que fue renombrado en su memoria recientemente.
Que el 11 de marzo de 1.973 fue electo gobernador de la Provincia de Salta, con casi 121.500 votos, lo que representaba más del 57 % de los votos.
Que durante su gestión como gobernador de la Provincia de Salta, Miguel Ragone concretó proyectos y acciones tendientes a elevar la calidad de vida y dignificar, a través del trabajo, a las poblaciones rurales de la Provincia. Entre ellos, la creación de la empresa estatal "Salta Forestal".
Que asimismo, Ragone concretó su visión latinoamericana a través del impulso que dió a la gestación del GEICOS (Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano) y la creación de FERINOA, evento destinado a potenciar el intercambio comercial y la producción de la región.
Que el 11 de marzo de 1.976, cuando la provincia estaba intervenida, Ragone fue secuestrado aproximadamente a las horas 8,20, cuando salía de un almacén a tres cuadras de su domicilio. Su cuerpo nunca apareció, convirtiéndose en el único ex gobernador desaparecido de la República Argentina.
Que el Estatuto de la Universidad Nacional de Salta, expresa en su artículo 100, Inciso 10) "Otorgar por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros el título de doctor honoris causa a aquellas personalidades de sobresaliente trayectoria en el país o en el mundo cuyo aporte sea significativo".
POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, mediante Despacho N° 035/06,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (en su Segunda Sesión Ordinaria del 9 de marzo de 2006)
RESUELVE:
ARTICULO 1°._ Otorgar al Méd. MIGUEL RAGONE el título de DOCTOR HONORIS CAUSA DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en reconocimiento a su invalorable aporte a la cultura de la región y en particular de esta Universidad.
ARTíCULO 2°._ Comuníquese con copia a: Gobierno de la Provincia de Salta, Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, Familiares del Méd. Ragone, Rectorado, Facultades, Sedes Regionales, IEM, Secretarías, Consejo de Investigación, Direcciones Generales, Dirección de Relaciones Públicas, Radio Universidad y Asesoría Jurídica. Cumplido, siga a Dirección de Control Curricular a sus efectos. Asimismo, publíquese en el boletín oficial de esta universidad .-
PROF. JUAN A. BARBOSA ING. STELLA M. PÉREZ DE BIANCHI
Secretario del Consejo Superior Rectora
El 6 de febrero de 2006, la voz de Juan Carlos Villamayor
resonaba en FM Pacífico 92.9 no para conmemorar gestas históricas ni para
anticipar el aniversario del secuestro de Ragone que marcaría el mes siguiente,
sino para ejercer lo que él mismo llamaba su "docencia radial": una
fiscalización ciudadana de los problemas más inmediatos y viscerales de Salta.
Esa mañana, su micrófono no apuntaba hacia el pasado sino hacia dos realidades
cotidianas que exponían las contradicciones del presente: la guerra simulada
contra el narcotráfico y la humanidad perdida en los pasillos de un hospital
público.
La emisión del 6 de febrero captura a Villamayor en su
faceta de auditor social, ejerciendo desde los medios un rol que trasciende lo
periodístico para convertirse en una forma de intervención política directa. Su
discurso se articula en torno a dos grandes denuncias que, aunque aparentemente
inconexas, comparten una misma raíz crítica: el fracaso del Estado en proteger
a los más vulnerables y la hipocresía de un sistema que castiga a los débiles
mientras protege a los poderosos.
La primera línea argumental que desarrolla Villamayor es una
crítica mordaz a la lucha contra el narcotráfico en Salta, específicamente en
la zona del "Bajo Chico". Con un lenguaje directo y popular, denuncia
que las fuerzas de seguridad y la justicia solo capturan a los
"pichiruchis" o "perejiles", los eslabones más débiles de
la cadena del tráfico de drogas. Su argumento central no es que no se hagan
detenciones, sino que estas son estratégicamente selectivas: se persigue al
distribuidor de esquina, al vendedor callejero, al adicto revendedor, mientras
los verdaderos proveedores y protectores del negocio permanecen bajo una
"sábana" o "frazada" que los vuelve intocables.
| El joven Villamayor, en el gobierno de Ragone, 1974. |
Esta denuncia no es ingenua. Villamayor demuestra conocer las estructuras del narcotráfico cuando cuestiona la efectividad de organismos como la DEA, señalando que solo se incauta entre el 5% y 10% de la droga circulante. Más aún, sugiere que las grandes detenciones mediáticas no son resultado de una verdadera voluntad de terminar con el tráfico, sino ajustes de cuentas entre mafias que disputan territorios. La pregunta que lanza al aire es incómoda: ¿quiénes son los verdaderos narcotraficantes de peso en Salta? ¿Quién los protege?
Desde la perspectiva actual, veinte años después, esta
denuncia adquiere una resonancia profética. El enfoque punitivo sobre los
eslabones más débiles del narcotráfico sigue siendo el eje de las políticas de
seguridad en Argentina, mientras las estructuras de poder que sostienen el
negocio permanecen intactas. Villamayor no solo identificó el problema en 2006,
sino que señaló la complicidad sistémica que lo perpetúa.
La segunda mitad de la emisión toma un giro inesperado
cuando Villamayor narra su experiencia personal tras sufrir un desmayo en la
vía pública y ser atendido en el Hospital San Bernardo. Lo que podría haber
sido un simple testimonio de agradecimiento se convierte en una reflexión sobre
la ética en la función pública y el trato al ciudadano común.
Villamayor comienza elogiando la mejora en la gestión del
hospital bajo la gerencia del Dr. Esteban, destacando la limpieza, el clima de
trabajo y la celeridad del servicio de emergencia SAMEC. Su valoración es
significativa porque proviene de alguien que conoce desde adentro el
funcionamiento del Estado, un exintendente que puede comparar la gestión actual
con administraciones previas. El reconocimiento no es complaciente: es el de un
fiscal que registra lo que funciona tanto como lo que falla.
Pero el núcleo de su relato está en el conflicto con una
enfermera que lo trató con sarcasmo por ser "importante", un
ex-intendente. La anécdota, que Villamayor narra con lujo de detalles, expone
una disparidad ética profunda. La enfermera jefa, a quien refiere como "la
cava", asume que por su condición de figura pública recibirá un trato
preferencial y lo increpa irónicamente. Villamayor responde con una máxima que
define su postura: "todos los enfermos son importantes", independientemente
de su estatus social o político.
Esta defensa de la igualdad ante el servicio público no es
abstracta. Villamayor utiliza su experiencia para denunciar el
"relaje" o maltrato que sufren los pacientes humildes, aquellos que
no tienen medios para defenderse ni contactos para exigir buen trato. Su
argumento es que la prioridad del celo profesional debe estar en los más
modestos, no en quienes ya tienen poder o recursos. La enfermera representa, en
su relato, una perversión del servicio público: el funcionario que maltrata al
débil y adula al poderoso.
Lo que unifica ambas denuncias es la construcción de
Villamayor como fiscalizador social, un rol que asume conscientemente desde su
programa radial. No se trata de periodismo neutral ni de análisis académico: es
intervención política desde los medios, un uso del micrófono como herramienta
de auditoría ciudadana. Villamayor dialoga implícitamente con sus colegas Tito
Devita y Molinati, pero su verdadero interlocutor es el poder: las fuerzas de
seguridad que no persiguen a los narcotraficantes grandes, el personal
hospitalario que maltrata al paciente humilde, el sistema que simula combatir
problemas mientras protege los intereses que los perpetúan.
En esta emisión específica no hay disparidades entre
interlocutores en tiempo real porque se trata de un monólogo editorial. Pero
existe una marcada disparidad ética entre la visión de Villamayor y aquellos a
quienes señala: las fuerzas de seguridad a las que acusa de ineficacia o
complicidad, el personal hospitalario "relajado" que no cumple su
vocación de servicio. Estas disparidades no son incidentales, son
estructurales. Exponen las contradicciones de un Estado que funciona para
algunos y contra otros.
Desde la actualidad, las interlocuciones de Villamayor
adquieren valor como ejercicio de memoria institucional. Su denuncia sobre el
enfoque en los "pichiruchis" del narcotráfico sigue siendo un debate
vigente en las políticas de seguridad actuales. Su énfasis en la humanización
del trato hospitalario resalta la importancia de la ética profesional en el
servicio público, un concepto que trasciende la época. La mención de figuras
médicas y políticas como el Dr. Esteban, el Dr. Castilane y la enfermera jefa permite
reconstruir el mapa de poder y gestión de la salud en la provincia de Salta
hace casi dos décadas.
El discurso se sitúa en la Salta de inicios de 2006, un
periodo de relativa estabilidad institucional tras la crisis de 2001, pero con
problemas crecientes de inseguridad y tráfico de estupefacientes. La zona del
"Bajo Chico" que menciona Villamayor era ya entonces un territorio
marcado por la marginalidad y el comercio ilegal, una realidad que el Estado
combatía con operativos mediáticos mientras las estructuras profundas del
narcotráfico permanecían intocadas.
Lo notable de esta emisión es que Villamayor no habla desde
la nostalgia ni desde la denuncia abstracta. Habla desde la experiencia
concreta: como exintendente que conoce el funcionamiento del poder, como
paciente que sufrió un desmayo y experimentó el sistema de salud, como
ciudadano salteño que camina por el "Bajo Chico" y ve lo que el poder
prefiere no ver. Su legitimidad no viene solo de su pasado político sino de su
disposición a exponerse, a narrar su propia vulnerabilidad, a convertir lo
personal en argumento político.
Al concluir la emisión, Villamayor reafirma su compromiso
con la "docencia radial", ese concepto que define su estilo: utilizar
el espacio mediático para señalar las injusticias del sistema mientras reconoce
los avances en la infraestructura estatal. No es un opositor sistemático ni un
oficialista complaciente. Es un fiscal de lo cotidiano, alguien que cree que el
micrófono es una herramienta para obligar al poder a mirarse en el espejo de
sus propias contradicciones.
Esa vocación pedagógica, esa voluntad de "hacer
docencia" desde la radio, define no solo esta emisión sino el proyecto
comunicacional de Villamayor en FM Pacífico. En las semanas siguientes, ese
mismo micrófono se convertiría en tribuna para exigir justicia por Ragone y
denunciar el oportunismo político. Pero el 6 de febrero de 2006, el objeto de
su fiscalización era más inmediato: el narcotráfico de los pichiruchis y la
enfermera que no supo ver que, en un hospital público, todos los enfermos son
importantes.
Ese día, Villamayor no habló de la historia. Habló del
presente. Y al hacerlo, dejó un testimonio que hoy funciona como documento
histórico de una Salta que ya no existe, pero cuyos problemas siguen esperando
solución.
[1]
Orden (NotebookLM): Identifica la fecha de la entrevista y a cada uno de los
interlocutores. Describe las principales líneas de argumentación y sus
derivadas, abordadas por cada uno de los interlocutores. Considera el contexto
histórico y merita sobre el mismo desde la actualidad valorizando las
interlocuciones. En el cierre, sintetiza la posición y las disparidades si las
hubiere, entre los interlocutores.
[2]
Orden: (Claude): Construye un
ensayo con el texto a continuación. Encuentra un título.
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