Abel Cornejo. Memorias de un Primer Encuentro: La Fragilidad del Poder Judicial en la Reconstrucción de la Memoria

 

Abel Cornejo. Memorias de un Primer Encuentro: La Fragilidad del Poder Judicial en la Reconstrucción de la Memoria

(Fernando Pequeño con NotebookLM  y Claude, ene 2026)

 

El 3 de julio de 2006, Fernando Pequeño Ragone, nieto del gobernador Miguel Ragone, se reunió por primera vez con el Dr. Abel Cornejo, el juez a cargo de la causa por el asesinato de su abuelo. Este encuentro, constituye un testimonio excepcional sobre las tensiones y desafíos que enfrentaba el sistema judicial argentino en los albores de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Las notas de memoria de Fernando registran un momento histórico peculiar: el nacimiento de una alianza estratégica entre un magistrado sitiado por las estructuras judiciales conservadoras y un familiar que había transitado del dolor privado hacia una militancia técnica y pragmática. En aquella conversación se condensaban tres décadas de impunidad, las esperanzas depositadas en el nuevo marco legal post-anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y las resistencias de una élite local que, según ambos interlocutores, seguía estructurando poder desde la dictadura.

El Dr. Cornejo se presentó ante Fernando como un hombre de leyes cuya trayectoria profesional precedía al terrorismo de Estado, pero cuya actuación presente estaba marcada por una lucha desigual contra los obstáculos institucionales. Su descripción del juzgado revelaba una precariedad estructural alarmante: falta de personal especializado, ausencia de equipamiento informático básico, y la negativa sistemática de la Corte provincial para crear una secretaría de Derechos Humanos que agilizara las causas. Más grave aún, denunciaba que la Cámara de Apelaciones saboteaba constantemente su labor, anulando resoluciones mediante tecnicismos procesales y demorando años en resolver recursos simples, favoreciendo así la impunidad.

Esta denuncia del magistrado sobre los "vericuetos procesales" empleados por las instancias superiores ilustra una realidad que trasciende el caso particular: la existencia de resistencias sistémicas dentro del propio Poder Judicial hacia la investigación de los crímenes de lesa humanidad. El juez defendía su legitimidad rechazando las acusaciones de ser un "juez de la dictadura", argumentando que su nombramiento había sido democrático y que su compromiso actual era con la verdad histórica plasmada en el expediente.

Por su parte, las notas de Fernando revelan una postura marcadamente pragmática y estratégica. Consciente de que la causa se había estancado anteriormente por diferencias ideológicas y lo que él consideraba la "demagogia" de abogados previos como Daniel Tort, Fernando planteaba la necesidad de fortalecer tanto al fiscal instructor —percibido como "débil" y "maleable"— como al propio juez, para evitar que la causa volviera a paralizarse. Su enfoque era claro: alejarse de victimizaciones o posturas ideológicas que habían resultado contraproducentes, y concentrarse en "cuidar el mecanismo institucional".

La estrategia de Fernando incluía una dimensión política explícita. Proponía utilizar contactos de alto nivel —como el senador Marcelo López Arias o incluso llegar a la entonces senadora Cristina Kirchner— para garantizar recursos y apoyo nacional a la investigación en Salta. Esta apuesta por la "dinámica política" y el contacto con el poder ejecutivo nacional como motor de cambio contrastaba sutilmente con la visión más escéptica del juez, quien advertía que, independientemente de la voluntad política, eran los tiempos y las "trampas" del código de procedimientos los que definirían el éxito o fracaso de la causa.

Además de la dimensión judicial, Fernando compartió con Cornejo una reflexión más íntima: sostenía que el proceso judicial, más allá del resultado final, funcionaba como una herramienta de sanación interna para la familia tras treinta años de exclusión y silencio. Esta reconstitución familiar a través del mecanismo judicial evidencia cómo, para muchas víctimas del terrorismo de Estado, el proceso penal trasciende la función punitiva para convertirse en un espacio de reparación simbólica y reconstrucción identitaria.

El encuentro también documentó divergencias menores pero significativas entre ambos interlocutores. Mientras Fernando mostraba curiosidad por una posible colaboración con otros magistrados como Lona o Hansen, el juez Cornejo se mostraba más reservado, alertando sobre la fragilidad que estos actores podían imponer al sistema. Esta diferencia de perspectiva sobre los aliados potenciales dentro del Poder Judicial refleja la complejidad del escenario: no todos los jueces estaban igualmente comprometidos con el impulso de estas causas, y la evaluación de lealtades y confiabilidades era un ejercicio constante de supervivencia procesal.

Desde la perspectiva actual, estas notas de memoria de Fernando Pequeño Ragone resultan invaluables. Revelan las "costuras" del sistema judicial en un momento de transición histórica: la soledad de ciertos magistrados frente a estructuras jerárquicas conservadoras, la transformación de los familiares de desaparecidos en estrategas jurídicos, y la gestación de una infraestructura institucional —como las secretarías especializadas— que hoy se dan por sentadas pero que fueron el resultado de luchas concretas y cotidianas.

El primer encuentro entre Fernando y el Dr. Cornejo no fue, entonces, una simple reunión protocolar entre querellante y magistrado. Fue el inicio de una alianza estratégica donde ambos actores reconocían sus respectivas vulnerabilidades y fortalezas: Fernando necesitaba un juez comprometido y técnicamente sólido; Cornejo necesitaba querellantes que validaran su actuación y presionaran por los recursos que el sistema le negaba. Juntos, enfrentaban no solo la impunidad de los perpetradores directos de crímenes atroces, sino también las resistencias de un entramado institucional que, aún en democracia, protegía los privilegios heredados del terrorismo de Estado.

Estas memorias nos recuerdan que la justicia transicional no se construye únicamente con leyes o decisiones políticas de alto nivel. Se teje también en encuentros como este: en juzgados precarios, entre personas que debieron aprender derecho procesal para poder reclamar verdad, y con magistrados que eligieron defender su independencia aun a costa de enfrentar la hostilidad de sus propios colegas. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad fue, antes que un triunfo jurídico o político, el resultado de estas alianzas frágiles, tensas y profundamente humanas.