lunes, 11 de abril de 2011

Amicus sobre Educación Religiosa en las Escuelas Salta

Amicus Educacion Religiosa Asoc Ragone

jueves, 7 de abril de 2011

2011 04 07 Causa Ragone D 03

 


Día 03, Parte 1 de 1


Ingresan los jueces del tribunal. Se observa al imputado Benjamín Menéndez a través de video conferencia. Recepción de informe de presencia virtual de los imputados. Solicitud de manifestación incial por el fiscal conjunto del fiscal Azzolín. El abogado defensor de los imputados, Dr. Federico PEtrina; manifiesta al tribunal que los mismos desean retirarse del recinto, lo cual les es concedido - Informe del abogado defensor sobre el cuadro de hipertensión del imputado Gentile - Manifestación incial por el fiscal conjunto del fiscal Azzolín: sobre el pedido de revocación de la prisión domiciliaria de Benjamín Menéndez y el hacer uso de un derecho frente al uso del tribunal del resguardo del derecho de defensa. Reacción de desinterés por parte de la presidenta del tribunal - Palabras de Gentil desde Bs As respecto de sus dolencias - Intento de manifestación del Dr. Duarte y reacción hostil de la presidenta del tribunal




Día 03, Cámara Testigo, Parte 1 de 1 


Declara Margarita Martínez de Leal. Ingresa a la Sala - Lectura de la citación por la jueza presidenta del tribunal - Pregunta el Fiscal Azzolín

miércoles, 6 de abril de 2011

2011 04 06 Causa Ragone D 02

 


Por la mañana

Este resumen sirve como introducción al análisis de la jornada judicial del 6 de abril de 2011 en la denominada "Causa Ragone", la cual investiga el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El contexto de los hechos se sitúa en marzo de 1976, un periodo en el que la policía de la provincia de Salta se encontraba subordinada al control del Ejército Argentino y operaba bajo una estructura de mando militarizada.

Las principales dimensiones abordadas en esta jornada incluyen:

  • Situación procesal y de salud de los imputados: Se debatió extensamente la modalidad de participación de Luciano Benjamín Menéndez, quien seguía el juicio por videoconferencia desde Tucumán debido a problemas de hipertensión arterial. Las partes acusadoras solicitaron evaluaciones médicas frecuentes para determinar si su presencia física en la sala era posible, argumentando que los gestos del imputado son parte de la comunicación que el tribunal debe valorar.
  • Lectura de declaraciones indagatorias: Una parte sustancial de la audiencia se dedicó a la lectura de las declaraciones previas de imputados como Rubén Nelson Herrera, Pedro Javier Herrera, Andrés del Valle Soraire y Joaquín Guil. En estas piezas, los acusados intentaron desvincularse de los hechos alegando que las guardias se asignaban al azar, que su conocimiento de los operativos era nulo o que simplemente cumplían órdenes administrativas en un clima de "confusión".
  • Logística y estructura represiva: Las declaraciones leídas revelaron detalles sobre el funcionamiento de unidades como la "Guardia del Monte" y la sección de infantería, así como la coordinación informativa entre la Policía Federal, el Ejército y la policía provincial en lo que se denominaba una "comunidad informativa".

Entre los actores clave mencionados se encuentran los miembros de la cúpula militar y policial de la época, como Gentil, Mulhall, Guil y Menéndez, junto con personal subalterno de la policía como Soraire y los hermanos Herrera. En el ámbito judicial, destacaron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las querellas y las defensas técnicas, quienes plantearon objeciones sobre la inmediatez del juicio y la validez de los testimonios remotos.

Para entender la complejidad de estas declaraciones, se puede pensar en el tribunal como un restaurador que intenta reconstruir un mosaico antiguo: cada testimonio es una pieza pequeña y a veces desgastada por el tiempo, pero solo al ensamblarlas todas —analizando las contradicciones y los silencios— se puede vislumbrar la imagen completa de la estructura represiva que operó en la provincia.



 


Por la tarde

Este resumen presenta una introducción a la jornada judicial del 6 de abril de 2011 en el marco de la "Causa Ragone", proceso que investiga el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. El contexto histórico se sitúa en la década de 1970, caracterizada por la intervención federal en Salta y una estructura represiva donde la policía provincial operaba bajo el control operacional del Ejército Argentino.

Las principales dimensiones abordadas en las fuentes incluyen:

  • Estrategias de defensa y negación: A través de la lectura de declaraciones indagatorias, imputados como Joaquín Guil (exdirector de Seguridad) y Miguel Raúl Gentil (exjefe de Policía) negaron su participación en los hechos, alegando que sus funciones eran administrativas o de prevención de delitos comunes. Asimismo, plantearon la prescripción de la acción penal, argumentando que los hechos no deberían calificarse como delitos de lesa humanidad.
  • Estructura de mando y coordinación: Las declaraciones de Carlos Alberto Mulhall y otros actores detallan la división territorial militar, como el Área 322, y la subordinación de las fuerzas policiales al Tercer Cuerpo del Ejército liderado por Luciano Benjamín Menéndez.
  • Tensiones procesales sobre la salud y derechos de los acusados: Una parte significativa de la jornada se centró en la situación de Menéndez, cuya participación por videoconferencia desde Tucumán y su negativa a responder preguntas generaron debates sobre la legitimidad del proceso y la existencia de posibles peligros procesales.

Los actores clave mencionados incluyen a la cúpula militar y policial de la época (Menéndez, Gentil, Mulhall, Guil), así como a supuestos colaboradores civiles como Jorge Héctor Zanetto, quien negó cualquier vínculo político en Salta. En el ámbito judicial, destacan las figuras de los jueces, fiscales y querellantes, quienes confrontaron las versiones de los acusados con testimonios previos, como los de Juan Carlos Villamayor.

Para comprender la dinámica de esta jornada, se puede pensar en el tribunal como un arqueólogo forense que intenta reconstruir una estructura colapsada: cada declaración de los imputados es un fragmento que, aunque a menudo se presenta de forma aislada o distorsionada por la defensa, permite al tribunal identificar las vigas maestras del sistema de control y represión que operaba en la provincia.



martes, 5 de abril de 2011

2011 04 05 Causa Ragone D 01

 


Por la mañana

Contexto Histórico e Institucional

El caso se sitúa en un periodo de represión sistemática e ilegal que comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En la provincia de Salta, este contexto estuvo marcado por la intervención federal del gobierno constitucional de Ragone en 1974 y la posterior subordinación funcional de las fuerzas policiales al control del Ejército Argentino. Los crímenes se ejecutaron bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, orientada a "aniquilar" el accionar de elementos considerados subversivos mediante un aparato estatal que operaba al margen de la legalidad.

Actores Clave del Proceso

La jornada identifica una estructura jerárquica de responsabilidades dividida en distintos niveles de participación:

  • Autores Mediatos: Figuras de alto rango militar como Luciano Benjamín Menéndez (Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército), Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil, quienes habrían tenido el dominio del hecho a través de estructuras organizadas de poder.
  • Ejecutores y Partícipes: Se menciona a Joaquín Guil como coordinador logístico y a Andrés del Valle Soraire como autor directo de los hechos.
  • Encubridores: Los agentes Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera, acusados de omitir su deber de perseguir delincuentes al liberar la zona del crimen.
  • Víctimas: El exgobernador Miguel Ragone (secuestrado y desaparecido), el comerciante Santiago Catalino Arredes (asesinado al intentar ayudar a Ragone) y Margarita Martínez de Leal (herida de bala).

Dimensiones Analíticas Abordadas

El análisis se centra en tres dimensiones fundamentales que estructuran la acusación:

  1. Dimensión Jurídica: La calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que implica su imprescriptibilidad y la aplicación del derecho internacional penal por encima del derecho interno.
  2. Dimensión Operativa: La implementación de "zonas liberadas" y el uso de recursos estatales (vehículos robados, armas de la fuerza) para garantizar el éxito del operativo y la posterior impunidad de los autores.
  3. Dimensión Política: La persecución de Ragone debido a su perfil ideológico y su intención de retomar la actividad política, lo que lo convirtió en un "objetivo" para los planes de las fuerzas armadas y sectores paraestatales como la Triple A.

Este proceso judicial no solo busca sancionar a los responsables individuales, sino también reconstruir el plan criminal que permitió la desaparición forzada y el exterminio de opositores políticos en el norte argentino.

Para entender el funcionamiento de este aparato represivo, se puede pensar en él como una maquinaria de engranajes intercambiables; donde las órdenes fluyen desde la cúpula y cada pieza, sin importar quién sea el individuo específico, cumple una función automática que asegura que el resultado final —el crimen— se ejecute sin riesgos para la organización.


Por la tarde


La jornada judicial analizada se centra en el plan sistemático de exterminio implementado en 1976, en el marco del cual se ejecutó el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, el Dr. Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El contexto histórico se define por la usurpación del poder por el gobierno militar en Argentina y la coordinación de regímenes dictatoriales en la región para aniquilar objetivos políticos mediante una estructura represiva que operaba incluso antes del golpe de Estado.

Dentro de las principales dimensiones abordadas, se destaca la logística criminal y la connivencia institucional entre las fuerzas militares y policiales. Las fuentes describen un "consorcio criminal" donde las órdenes emanadas por el Tercer Cuerpo del Ejército, bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, fueron ejecutadas por la policía de la provincia de Salta, liderada operativamente por Joaquín Guil. Esta coordinación permitió la existencia de una "zona liberada", el uso de armamento reglamentario y la posterior manipulación de expedientes judiciales para garantizar la impunidad de los autores.

Los actores clave mencionados en esta etapa del proceso incluyen tanto a la cúpula militar y policial (Menéndez, Mulhall, Gentil y Guil) como a imputados por roles secundarios de encubrimiento y coacción, como los hermanos Pedro y Néstor Herrera, y Jorge Héctor Zanetto. Un eje central de la jornada fue el debate jurídico sobre la prescripción de la acción penal solicitado por las defensas de estos últimos, quienes argumentan que sus conductas no constituyen crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, la fiscalía y las querellas sostienen la imprescriptibilidad de estos delitos, dada su conexión inescindible con el plan sistemático de persecución política del Estado.

Finalmente, la audiencia concluyó con la decisión del tribunal de diferir el tratamiento de los planteos de prescripción para el momento de la sentencia definitiva, reconociendo que la resolución de estos puntos depende de las pruebas y hechos que se debatirán a lo largo del juicio oral.



Crónicas de la Memoria y la Verdad sobre el Dr. Miguel Ragone: Juan Carlos Villamayor en FM Pacífico

En 2006, con Salta en vísperas del 30.º aniversario de la desaparición del gobernador constitucional Miguel Ragone, los micrófonos de FM Pac...