Día 8, parte 01
Día 8, parte 02
Día 8, parte 03
Incluye material documental sobre vida institucional del Gobernador Ragone de Salta, actividades de la Asociación Ragone, el Ateneo Ragone y el Movimiento 11 de marzo Ragone x Ragone.
Cámara Testigo. Parte 01 día 07
Cámara Testigo. Parte 02 día 07
Parte 02, día 07
Día 03, Parte 1 de 1
Este resumen sirve como introducción al análisis de la
jornada judicial del 6 de abril de 2011 en la denominada "Causa
Ragone", la cual investiga el secuestro y desaparición del
exgobernador de Salta, Miguel Ragone, el asesinato de Santiago
Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El contexto de
los hechos se sitúa en marzo de 1976, un periodo en el que la policía de la
provincia de Salta se encontraba subordinada al control del Ejército
Argentino y operaba bajo una estructura de mando militarizada.
Las principales dimensiones abordadas en esta jornada
incluyen:
Entre los actores clave mencionados se encuentran los
miembros de la cúpula militar y policial de la época, como Gentil, Mulhall,
Guil y Menéndez, junto con personal subalterno de la policía como Soraire
y los hermanos Herrera. En el ámbito judicial, destacaron las
intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las querellas y las
defensas técnicas, quienes plantearon objeciones sobre la inmediatez del juicio
y la validez de los testimonios remotos.
Para entender la complejidad de estas declaraciones, se
puede pensar en el tribunal como un restaurador que intenta reconstruir un mosaico
antiguo: cada testimonio es una pieza pequeña y a veces desgastada por el
tiempo, pero solo al ensamblarlas todas —analizando las contradicciones y los
silencios— se puede vislumbrar la imagen completa de la estructura represiva
que operó en la provincia.
Este resumen presenta una introducción a la jornada judicial
del 6 de abril de 2011 en el marco de la "Causa Ragone",
proceso que investiga el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel
Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones sufridas por
Margarita Martínez de Leal. El contexto histórico se sitúa en la década
de 1970, caracterizada por la intervención federal en Salta y una estructura
represiva donde la policía provincial operaba bajo el control operacional
del Ejército Argentino.
Las principales dimensiones abordadas en las fuentes
incluyen:
Los actores clave mencionados incluyen a la cúpula militar y
policial de la época (Menéndez, Gentil, Mulhall, Guil), así como a
supuestos colaboradores civiles como Jorge Héctor Zanetto, quien negó
cualquier vínculo político en Salta. En el ámbito judicial, destacan las
figuras de los jueces, fiscales y querellantes, quienes confrontaron las
versiones de los acusados con testimonios previos, como los de Juan Carlos
Villamayor.
Para comprender la dinámica de esta jornada, se puede pensar
en el tribunal como un arqueólogo forense que intenta reconstruir una
estructura colapsada: cada declaración de los imputados es un fragmento que,
aunque a menudo se presenta de forma aislada o distorsionada por la defensa,
permite al tribunal identificar las vigas maestras del sistema de control y
represión que operaba en la provincia.
El caso se sitúa en un periodo de represión sistemática e
ilegal que comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En la
provincia de Salta, este contexto estuvo marcado por la intervención federal
del gobierno constitucional de Ragone en 1974 y la posterior subordinación
funcional de las fuerzas policiales al control del Ejército Argentino. Los
crímenes se ejecutaron bajo la doctrina de la Seguridad Nacional,
orientada a "aniquilar" el accionar de elementos considerados
subversivos mediante un aparato estatal que operaba al margen de la legalidad.
La jornada identifica una estructura jerárquica de
responsabilidades dividida en distintos niveles de participación:
El análisis se centra en tres dimensiones fundamentales que
estructuran la acusación:
Este proceso judicial no solo busca sancionar a los
responsables individuales, sino también reconstruir el plan criminal que
permitió la desaparición forzada y el exterminio de opositores políticos en el
norte argentino.
Para entender el funcionamiento de este aparato represivo,
se puede pensar en él como una maquinaria de engranajes intercambiables;
donde las órdenes fluyen desde la cúpula y cada pieza, sin importar quién sea
el individuo específico, cumple una función automática que asegura que el
resultado final —el crimen— se ejecute sin riesgos para la organización.
La jornada judicial analizada se centra en el plan
sistemático de exterminio implementado en 1976, en el marco del cual se
ejecutó el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, el Dr. Miguel
Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita
Martínez de Leal. El contexto histórico se define por la usurpación del
poder por el gobierno militar en Argentina y la coordinación de regímenes
dictatoriales en la región para aniquilar objetivos políticos mediante una
estructura represiva que operaba incluso antes del golpe de Estado.
Dentro de las principales dimensiones abordadas, se destaca
la logística criminal y la connivencia institucional entre las fuerzas
militares y policiales. Las fuentes describen un "consorcio
criminal" donde las órdenes emanadas por el Tercer Cuerpo del
Ejército, bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, fueron
ejecutadas por la policía de la provincia de Salta, liderada operativamente por
Joaquín Guil. Esta coordinación permitió la existencia de una "zona
liberada", el uso de armamento reglamentario y la posterior
manipulación de expedientes judiciales para garantizar la impunidad de los
autores.
Los actores clave mencionados en esta etapa del proceso
incluyen tanto a la cúpula militar y policial (Menéndez, Mulhall, Gentil y
Guil) como a imputados por roles secundarios de encubrimiento y coacción,
como los hermanos Pedro y Néstor Herrera, y Jorge Héctor Zanetto.
Un eje central de la jornada fue el debate jurídico sobre la prescripción de
la acción penal solicitado por las defensas de estos últimos, quienes
argumentan que sus conductas no constituyen crímenes de lesa humanidad. Por el
contrario, la fiscalía y las querellas sostienen la imprescriptibilidad de
estos delitos, dada su conexión inescindible con el plan sistemático de
persecución política del Estado.
Finalmente, la audiencia concluyó con la decisión del
tribunal de diferir el tratamiento de los planteos de prescripción para
el momento de la sentencia definitiva, reconociendo que la resolución de estos
puntos depende de las pruebas y hechos que se debatirán a lo largo del juicio
oral.
En 2006, con Salta en vísperas del 30.º aniversario de la desaparición del gobernador constitucional Miguel Ragone, los micrófonos de FM Pac...